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A partir del 1 de julio habrá más protección para las comunidades migrantes

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A partir del 1 de julio habrá más protección para las comunidades migrantes
A partir del 1 de julio habrá más protección para las comunidades migrantes.

TORONTO. Los inmigrantes a Canadá contarán a partir del 1 de julio próximo con una capa más de protección ante eventuales fraudes o malas practicas migratorias, al entrar en efecto el requerimiento de que para poder ejercer la profesión todos los consultores autorizados para representar clientes ante el Consejo de Inmigración y Refugio deberán obtener una licencia adicional a la que ya tienen para representar casos en estos tribunales.

El Immigration and Refugee Board, (IRB por sus siglas en inglés) tiene cuatro departamentos: La División de Inmigración, que se encarga de hacer revisiones de las personas detenidas para evaluar si se ponen en libertad, y audiencias de admisibilidad; la División de Apelaciones de Inmigración, que se encarga de llevar a cabo apelaciones de casos de patrocinio de familia rechazados, residentes con orden de deportación y residentes que no han cumplido con las obligaciones reglamentarias para mantener la residencia, entre otros; la División de Refugiados, que se encarga de decidir los casos de refugio y protección de los solicitantes; y la División de Apelaciones de Refugio, que obviamente se encarga de revisar las decisiones negativas de la División de Refugio.

La obtención de esta nueva licencia se suma a las evaluaciones de práctica anuales y garantiza que los profesionales en materia migratoria y refugio estén al día con las legislaciones y con los procedimientos implementados por el gobierno canadiense.

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Hay que recordar que el 23 de noviembre del año pasado fue inaugurado oficialmente el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (College of Immigration and Citizenship Consultants, CICC), que es el regulador oficial de los consultores de inmigración y ciudadanía en todo el país. Esta es una institución independiente que regula la profesión y cuyo rol es la protección del público.

Según información proporcionada por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el Colegio regula a los consultores de inmigración y ciudadanía bajo un marco legal establecido por la Ley del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía que entró en vigor el 9 de diciembre de 2020, y tiene importantes nuevos poderes y herramientas para investigar la mala conducta profesional y para disciplinar a sus licenciatarios. También está sujeto a la supervisión gubernamental apropiada.

La creación del Colegio es un elemento clave de los esfuerzos del gobierno para combatir el fraude en el área de inmigración. Hay que recordar que Canadá es uno de los principales destinos del mundo, con millones de personas de todo el mundo que esperan venir aquí cada año para establecerse, visitar o trabajar. Por lo tanto, para navegar por el sistema de inmigración, muchas personas recurren a consultores u otros servicios en busca de ayuda. Si bien casi todos operan con honestidad, hay algunos que lo hacen sin escrúpulos explotando el sistema y aprovechándose de las personas. Por ello es muy importante solo buscar asesoría migratoria con consultores autorizados por el gobierno.

Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los abogados miembros de la barra de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (estos sólo pueden trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los consultores autorizados por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (CICC) pueden representar a un cliente cuando este paga por sus servicios.

Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas toman sus servicios y cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por presentar declaraciones fraudulentas y el cliente puede también recibir cargos de inmigración cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber dado declaraciones fraudulentas, por lo cual serán penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años.

Los Consultores de Inmigración autorizados en Canadá están regulados por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (CICC), que tiene el mandato de protección al cliente, y es por eso por lo que es esencial que las personas contraten solo consultores regulados por CICC.  Y es exactamente la misma situación con los abogados, con los paralegales y con los notarios de Quebec.

Los consultores autorizados por el Colegio han tenido que pasar por un programa de estudios de leyes de inmigración, refugio y ciudadanía. Debieron pasar exámenes rigurosos de admisión a la profesión; exámenes policiales y exámenes de inglés y o francés.

Las leyes de inmigración cambian frecuentemente y por lo tanto los consultores han debido mantener sus conocimientos al día, y para esto debieron tomar cursos de capacitación cada año para poder mantener sus licencias. También han tenido que comprar un seguro que cubra errores y/u omisiones que pudieran perjudicar a un cliente, y este seguro puede cubrir situaciones en la que hubo negligencia por parte del consultor. Así, en algunos casos el cliente podrá recuperar el dinero pagado y el dinero perdido a causa del trámite mal presentado.

Si hubo problemas serios de fraude o negligencia grosa, el consultor puede ser disciplinado. Puede ser suspendido y en algunos casos puede perder su licencia.

En la actualidad, como parte de los requisitos para obtener la licencia para practicar leyes de inmigración, los consultores regulados han tenido que tomar una serie de cursos en los cuales han aprendido prácticas de oficinas, entre las cuales incluye la preparación de un contrato con el cliente en el cual se especifica el trabajo que se va a hacer, las responsabilidades del cliente y del consultor, y los datos del Cuerpo Regulador en caso de que sea necesario contactarlos.

Al tener un contrato con un consultor regulado, el cliente tiene la seguridad de que está tratando con un profesional y que en caso de que haya algún problema puede dirigirse al departamento de quejas y disciplina del regulador, quien estudiará el problema y llegará al fallo pertinente.

Cuando digo “estudiar el problema” debo clarificar que el cliente presenta la queja y envía todas las pruebas que tenga a su alcance. El regulador requerirá una respuesta y explicación al consultor, a quien también se le dará la oportunidad de enviar sus argumentos y pruebas, y luego se hará una investigación en la cual se llegará a un fallo sobre la situación presentada.

Pero la posibilidad de que se presente una queja al cuerpo regulador de consultores no termina con el cliente, ya que la ley les permite a los oficiales de inmigración y a los tribunales de inmigración reportar a un consultor si los funcionarios o miembros del Consejo de Inmigración y Refugio consideran que la persona no está actuando de manera correcta, es incompetente o negligente.

Los consultores de inmigración también tienen que operar bajo un código de ética profesional y de reglamentos estrictos. El romper cualquiera de las reglas o ser encontrado negligente en un caso podría resultar en una suspensión o una remoción de la licencia para practicar.

La práctica de consultores de inmigración está muy bien regulada, pero lamentablemente el ente que los regula, el CICC, sólo puede proteger al público cuando este usa a un miembro regulado por ellos. Cuando las personas elijen llevar sus casos a personas no calificadas y no reguladas, el CICC no tiene el poder de intervenir para proteger al cliente.

Con la creación del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el ejercicio de esta profesión ha mejorado aún más, ya que el Colegio cuenta con la autoridad necesarias para la regulación de consultores, en particular herramientas para investigar la mala conducta profesional y disciplinar a sus licenciatarios. Esto incluye el poder de ingresar a las instalaciones de un consultor con el propósito de recopilar información para respaldar una investigación y el poder de obligar a los testigos a comparecer y testificar ante su Comité de Disciplina.

El Colegio también tiene la capacidad de solicitar mandatos judiciales para dirigirse a actores sin licencia que brinden asesoramiento sobre inmigración o ciudadanía sin autorización, entre otras funciones.

 

 

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