Tras los límites impuestos por tribunales al uso de poderes de emergencia bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), el expresidente Donald Trump enfrenta el desafío de mantener su presión comercial sobre Canadá sin recurrir a ese instrumento legal. Sin embargo, el margen de maniobra aún existe dentro del marco normativo estadounidense.
Una de las principales alternativas sería apoyarse en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Este mecanismo ya fue utilizado durante su mandato para gravar el acero y el aluminio canadienses, argumentando riesgos estratégicos. Aunque esa vía generó tensiones diplomáticas, sigue siendo jurídicamente viable si se fundamenta en informes del Departamento de Comercio.
Otra opción sería recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio, utilizada para responder a prácticas consideradas desleales. Bajo este esquema, Washington podría iniciar investigaciones formales sobre subsidios, barreras regulatorias o políticas industriales canadienses que, según su interpretación, perjudiquen a empresas estadounidenses.
Además, existe el terreno de la renegociación o reinterpretación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque el acuerdo establece mecanismos de resolución de disputas, también abre la puerta a paneles y medidas compensatorias si una de las partes considera que otra incumple sus compromisos.
Trump también podría utilizar herramientas más indirectas, como presionar en sectores específicos —energía, agricultura o manufactura automotriz— mediante investigaciones antidumping o medidas compensatorias. Estas acciones, aunque técnicas, pueden tener efectos políticos significativos.
Sin la IEEPA, el discurso de emergencia pierde fuerza, pero la estrategia comercial podría transformarse en una ofensiva más técnica y fragmentada. El impacto dependerá no solo de la voluntad política en Washington, sino también de la respuesta de Ottawa y de la capacidad de ambas economías para absorber nuevas tensiones.
En definitiva, la ausencia de poderes extraordinarios no elimina la posibilidad de presión comercial. Simplemente obliga a canalizarla por rutas legales más tradicionales, aunque igualmente controvertidas.
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