WASHINGTON D.C. – La decisión del Presidente Donald Trump de otorgar el indulto al expresidente de Honduras, [Nombre Ficticio del Expresidente], condenado en Estados Unidos por crímenes de narcotráfico, ha encendido la indignación y ha provocado una explosión de críticas. Para analistas, activistas de derechos humanos y opositores, este acto no es solo una acción ejecutiva, sino la prueba más clara de que la multimillonaria y décadas de larga «Guerra contra las Drogas» de Washington es un ejercicio de hipocresía y selectividad política.
El expresidente hondureño había sido condenado por utilizar el aparato estatal para facilitar el envío de toneladas de cocaína a EE. UU., recibiendo millones de dólares en sobornos. Su enjuiciamiento fue presentado en su momento como una victoria clave del Departamento de Justicia contra la corrupción transnacional.
El Doble Discurso de Washington
El argumento central de los críticos es demoledor: la acción de Trump anula el sacrificio de las agencias federales que arriesgaron sus vidas para procesar al funcionario. Mientras Washington gasta miles de millones de dólares anualmente, exigiendo a naciones aliadas como Colombia, México y la propia Honduras, que erradiquen cultivos y extraditen a capos, el indulto a un líder político criminalizado demuestra que la justicia es negociable.
«Si la justicia contra los peces gordos del narcotráfico puede ser borrada por un trazo de pluma presidencial, ¿qué mensaje enviamos a los países que luchan en primera línea?», cuestionó un experto en política exterior.
La decisión de Trump es vista como una peligrosa interferencia política que mina la credibilidad de las agencias de aplicación de la ley estadounidenses y socava la cooperación regional. El indulto refuerza la percepción de que la lucha antidrogas en Latinoamérica es, en última instancia, una herramienta política subordinada a los intereses coyunturales de Washington, en lugar de una misión ética y legal.
