Al menos 17 reclusos murieron el jueves en medio de un motín registrado en una cárcel de la ciudad de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Las autoridades confirmaron que se realizan investigaciones para esclarecer lo sucedido y recuperar el control total del penal. Fuentes oficiales señalaron que el motín estuvo acompañado de enfrentamientos entre internos, presuntamente vinculados a bandas criminales rivales que operan dentro de las prisiones ecuatorianas.
El episodio ocurre apenas días después de otro brote de violencia en una cárcel del sur del país, donde murieron 14 reclusos. Estos hechos se suman a una ola de disturbios que desde 2021 ha dejado más de 500 presos asesinados en enfrentamientos internos, lo que ha convertido a Ecuador en uno de los países más golpeados por la violencia penitenciaria en la región.
La administración del presidente Daniel Noboa ha prometido una política de mano dura contra el crimen organizado, al que atribuye la escalada de violencia dentro y fuera de las prisiones. Según el gobierno, las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de operaciones de bandas que disputan el tráfico de drogas, armas y el control de rutas hacia mercados internacionales.
En varios de estos motines, los reclusos han utilizado armas de fuego, explosivos y hasta drones, evidenciando el alto grado de infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario. La prisión de Esmeraldas, donde ocurrió el último incidente, es considerada estratégica por su cercanía con la frontera colombiana, zona clave para el tránsito de droga y contrabando.
La violencia carcelaria en Ecuador se ha agravado en los últimos años en paralelo al incremento del narcotráfico y la expansión de pandillas como Los Choneros, Los Lobos y otros grupos aliados a carteles internacionales.
El motín en Esmeraldas vuelve a poner en evidencia los desafíos del Estado ecuatoriano para recuperar el control de los centros penitenciarios y garantizar la seguridad de los internos y del personal penitenciario.
