Sin pistas continúa investigación de accidente donde murieron gobernadores de Puebla
No hay caja negra, tampoco supervivientes, ni siquiera una sola llamada de auxilio a la torre de control. El Augusta 109 se precipitó al vacío el 24 de diciembre sin dejar más rastro que una enorme cicatriz negra sobre el maizal contra el que se estrelló y los restos esparcidos del fuselaje. Habían pasado tan solo diez minutos desde que el helicóptero despegó en la ciudad de Puebla (centro de México), con la pareja más poderosa del Estado a bordo: la gobernadora, Martha Érika Alonso, y su marido, exgobernador y senador, Rafael Moreno Valle, que viajaban con el asistente de este en la Cámara, Héctor Baltazar, y los dos tripulantes, Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera. La aeronave se desplomó una tarde en la que el clima parecía idóneo y con “los motores funcionando”, según asegura a EL PAÍS Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, un organismo que participa en la investigación del siniestro. Lo que descartaría que un fallo en ellos hubiese sido la causa de la tragedia.
Todo estaba en regla, según el Gobierno mexicano. La empresa que lo alquilaba cumplía con todos los requisitos, el aparato tenía el certificado de aeronavegabilidad vigente y también respetaba la legislación la firma encargada de realizar las verificaciones mecánicas. Al piloto lo acreditaba un buen historial de horas de vuelo y había realizado los descansos necesarios. No había tormentas, ni fuertes vientos. Y la aeronave, un aparato de 2011, era relativamente reciente.
Dos meses después, la misma pregunta sigue rodeando el accidente: ¿qué ocurrió? El fallo mecánico centra la investigación, relata Salazar. Las escasas pruebas del siniestro se encuentran entre los restos del aluminio calcinado que quedaron tras el impacto. Los investigadores analizan si funcionaban correctamente las hélices, si hubo daños en la estructura o si tuvieron problemas en los sistemas de control de vuelo o en el de transmisión, entre otras muchas posibilidades, sin que por el momento, haya trascendido una sola evidencia que pueda determinar la causa concreta de la tragedia.
“De los pilotos ya se revisaron los expedientes y estaba todo en orden: sus licencias, sus entrenamientos y sus descansos. Aunque no se puede descartar nada, resulta realmente muy remoto que el accidente pueda deberse al factor humano. En cuanto al mantenimiento, los registros estaban aceptablemente bien, con hallazgos ligeros que no motivarían un accidente. Así que todo va enfocado hacia si falló algo mecánico”, señala Salazar.
Las piezas de la aeronave están siendo analizadas en laboratorios extranjeros sin que por el momento haya trascendido una sola conclusión de la investigación. Organismos de Canadá, Estados Unidos, Italia y Europa participan en las indagaciones que, según aseguran varios expertos consultados, podrían prolongarse más de un año e incluso terminar sin conclusión alguna. “Si no hay una manifestada tendencia hacia una causa entonces podría durar hasta dos o tres años”, cuenta Adolfo Cruz Osorio, profesor de Ingeniería Aeronaútica en el Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades públicas más importantes del país. Mucho más allá va Salazar, que abre la posibilidad de que se trate de un siniestro del que nunca se sepan las causas y la investigación se cierre sin haber encontrado la razón del siniestro. “Si se encuentra algo [anómalo] va a ser una referencia muy vaga”, relata.
En numerosas ocasiones, la tragedia deja pistas sobre las causas y el simple relato de los hechos puede explicar lo sucedido. Pero este es un siniestro sin supervivientes, ni registro alguno de lo ocurrido en el interior de la aeronave. “Hay accidentes que se han resuelto en semanas o días como el de LaMia 2933 [que se estrelló en Colombia y en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense]”, señala Eddie Miceli, consultor aerocomercial e investigador de accidentes aéreos.
La tragedia ha removido los cimientos del poder estatal. La muerte de Moreno Valle, uno de los más fuertes opositores al presidente mexicano, y de Alonso, gobernadora de uno de los pocos Estados que no ganó la formación de López Obrador en las últimas elecciones, han elevado la tensión. Los enigmas que rodean el siniestro no han hecho sino abonar el campo de batalla en el que se decide desde hace ya varios años la política local. Tras unos comicios en las que hubo acusaciones de fraude, enfrentamientos y quema de urnas, los poblanos tendrán que volver a votar el próximo 2 de junio y todo apunta a que la lucha será encarnizada.
Ni siquiera las comunicaciones con la torre de control permiten advertir las causas de la tragedia. No hubo un solo contacto con el personal de tierra. Ni una sola llamada, ni una simple advertencia sobre fallos en el aparato. El silencio rodeó toda comunicación con el exterior, aseguró recientemente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. La última comunicación se produjo al emprender el vuelo, pero después nunca más hubo respuesta. Ni siquiera tras las nueve veces que la torre de control trató de contactar con los pilotos. “Cuando un piloto tiene una emergencia en vuelo, lo primero que se hace es notificar de inmediato a control aéreo el problema y de la acción a tomar. En este caso, al no ocurrir esto, es evidente que hubo un percance muy grave, que impidió al piloto hacer un llamado de emergencia. Recordemos el siniestro del Learjet de la cantante Jenni Rivera [ocurrido en diciembre de 2012 y en el que fallecieron todos los ocupantes de la aeronave], en el que tampoco hubo Mayday”, señala Miceli.
“Si hay tiempo y pueden entrar en contacto con alguien, y en este caso volaban cerca de un aeropuerto, lo lógico sería advertir del problema. Así que parece que no tuvieron tiempo y esto se puede deber a una súbita pérdida de control”, defiende Salazar.
Hasta el momento, no se han encontrado pruebas para sospechar del fallo humano, ni de que las condiciones climáticas afectaran al helicóptero. No se produjo un impacto con algún ave porque “en esos casos siempre quedan restos”, cuenta Salazar. Ni hubo dentro del aparato una explosión, según confirmó la Secretaría de Defensa días después del accidente. “Si hubiese sido así las piezas del aparato estarían desperdigadas en un gran radio y no es el caso”. Ni siquiera la posición en la que se colisionó el aparato —casi 60 grados y en posición invertida— que el propio subsecretario de Transportes, Carlos Morán, calificó de inusual, arroja pistas claras sobre lo ocurrido. “Por la forma de caer, no se trata de un choque controlado. Aquí parece que no tuvieron tiempo de hacer algo de este tipo. [La posición en que cayó] no indica una maniobra de autorrotación [el mecanismo que usan los pilotos para tratar de aterrizar en caso de que se produzca un fallo en el aparato]”, señala Salazar.
“He visto accidentes que parecen catastróficos porque el aparato trae la potencia del tren impulsor y las aspas rotatorias y el piloto no tiene la pericia de hacer la autorrotación, y sin embargo ha habido tipos con suerte que salen vivos, pero este no es el caso”, señala Gerardo Muñoz, ex investigador de accidentes aéreos que trabaja actualmente en el mantenimiento de aeronaves.
La escasa información disponible sobre la investigación sacó el caso de la atención mediática, hasta que este miércoles se hizo público que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes clasificó durante cinco años esa conversación de los pilotos con la torre de control para evitar así hacerla pública. El propio López Obrador pidió rectificar esa decisión y se comprometió a “una transparencia completa” en el caso.
Una investigación, sin embargo, rodeada de secretismo, de la que tampoco ha trascendido ni un solo dato de la autopsia de los restos de los ocupantes de la aeronave. Se trata de un asunto reservado, según le comunicaron las autoridades a la prensa local cuando trató de conocer algunas de las conclusiones del informe forense. La cremación de los cuerpos -unas 24 horas después de su muerte- ya había levantado polémica unos días antes cuando el abogado Alberto Peralta interpuso una demanda porque, a su juicio, esto puede suponer la eliminación de algunas pruebas de la tragedia. “Al haber alterado los cuerpos podría haber un delito contra la administración de justicia. […]. Ante una acusación, se va a pedir que se exhiban las pruebas en la audiencia y esto ya no se va a poder realizar”, defiende Peralta pese a que no hay una sola evidencia que apunte a que no sea un accidente.
