Cualquier persona que se identifique como parte de la comunidad LGBTQ+ en Ghana podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión, luego de que el Parlamento del país africano aprobara una estricta nueva legislación.
La ley también impone una pena máxima de hasta cinco años para quienes formen o financien grupos relacionados a las diversidades de género y orientación sexual.
Mientras se aprobaba el proyecto de ley hubo intentos de sustituir las penas de prisión por servicios comunitarios y asesoramiento, pero no salieron adelante.
Es la última señal de la creciente oposición a los derechos LGBTQ+ en la conservadora nación de África Occidental.
La ley, que contó con el respaldo de los dos principales partidos políticos de Ghana, entrará en vigor sólo si el presidente Nana Akufo-Addo la promulga.
El sexo entre parejas del mismo sexo es ilegal en Ghana. Cualquiera que sea encontrado culpable podría recibir una pena de prisión de tres años.
El mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que el proyecto de ley «plantea amenazas importantes a los derechos y libertades fundamentales» de las personas LGBTQ+.
Los activistas temen que ahora haya una caza de brujas contra miembros de la comunidad LGBTQ+ y aquellos que hacen campaña por sus derechos. Algunos, afirman estas organizaciones, tendrán que esconderse.
«Si el proyecto de ley sobre derechos sexuales humanos y valores familiares de Ghana se convierte en ley, exacerbará el miedo y el odio, podría incitar a la violencia contra los ciudadanos ghaneses e impactar negativamente la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación», sostuvo Winnie Byanyima, jefa del organismo de la ONU que lucha contra el VIH y el Sida.
Añadió que esto «obstruye el acceso a servicios que salvan vidas» y «pondría en peligro el éxito del desarrollo de Ghana».
La ley establece una pena de cárcel de hasta 10 años para cualquier persona involucrada en campañas LGBTQ+ dirigidas a niños.
También alienta al público a denunciar a los miembros de la comunidad LGBTQ+ ante las autoridades para que tomen las «medidas necesarias» en su contra.
Los parlamentarios destacaron que el proyecto de ley se redactó en respuesta a la apertura del primer centro comunitario para personas de diversidad sexual de Ghana, ubicado en Accra, su capital, en enero de 2021.
La policía cerró el centro luego de manifestaciones y la presión de organismos religiosos y líderes tradicionales en una nación mayoritariamente cristiana.
