Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- Varios miles de funcionarios públicos chilenos marcharon hoy para respaldar el paro indefinido de los trabajadores del Registro Civil, que hoy cumplen 30 días de protesta con el objetivo de exigir mejoras salariales.
La marcha de los funcionarios ha convocado a dirigentes de distintas regiones del país, quienes han llegado a Santiago para solidarizarse con sus colegas.
Bajo el lema «todos somos Registro Civil», unas 3.000 personas, según fuentes policiales, desfilaron por las calles de Santiago, Valparaíso y otras ciudades del país.
El Servicio Médico Legal, las intendencias, la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos y Gendarmería (Servicio de Prisiones) secundaron el paro en solidaridad con el Registro Civil.
La huelga del Registro Civil ha originado la acumulación de cerca de dos millones de trámites pendientes y ha imposibilitado la atención a cerca de 100.000 chilenos y extranjeros.
El Registro Civil es el encargado de emitir las cédulas de identidad, pasaportes y certificados de antecedentes penales, y de inscribir matrimonios y nacimientos, entre otros trámites.
A lo largo de las últimas cinco semanas, el Gobierno ha calificado la huelga de «ilegal» e «injustificada» y se ha negado a dialogar con los huelguistas, quienes el pasado lunes radicalizaron su protesta y eliminaron los turnos humanitarios (turnos éticos).
Como consecuencia de la radicalización, el Ministerio de Justicia se sentó este martes a dialogar con los dirigentes de los trabajadores y les ofreció un bono sujeto a una evaluación de su atención al público, pero no se logró un acuerdo.
Según fuentes al tanto de las negociaciones, el acuerdo se trabó porque los funcionarios exigían un bono de un millón de pesos (1.400 dólares) a pagar durante 2016.
La presidenta de los empleados del Registro Civil, Nelly Díaz, afirmó hoy que la propuesta del Gobierno es «indecente».
«Somos uno de los servicios públicos que tiene sólo una asignación para mejorar nuestra remuneración. Hoy nos piden que pongamos en juego esa asignación y nos bajemos del paro», dijo Díaz.
«Esto ya no es un tema financiero, es un tema de dignidad para los funcionarios públicos. Las autoridades de gobierno lo único que han hecho es amedrentar a los funcionarios del registro civil», agregó.
En tanto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmó este miércoles que los Gobiernos no pueden decir a todo que sí. «Si fuera tan fácil como decir a todo que sí, sería fácil gobernar», aseveró.
En declaraciones a radio Universo, el jefe de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, agregó que «incluso (los gobiernos) tienen que decir que no a cosas que pueden parecer muy legítimas a las personas de un área o de un servicio».
Frente a las críticas que han surgido por la falta de acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios del Registro Civil, Burgos indicó que «si solucionarlo es abrir la billetera no costaría nada, pero así no se gobierna».
El ministro del Interior se refirió también a las declaraciones de Nelly Díaz, quien trató al actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, de «cobarde», en alusión a una promesa económica que realizó el secretario de estado cuando era ministro de Justicia (2014-2015), que no cumplió y al que no se ha querido referir.
Burgos dijo que es «muy lamentable» cuando una reivindicación, que desde su perspectiva puede tener sentido, se empieza acompañar de descalificaciones del otro.
El ministerio de Justicia de Chile abrió la semana pasada un sumario administrativo para establecer responsabilidades por el tiempo no trabajado y la Contraloría General de la República solicitó los nombres de los funcionarios del Registro Civil que a lo largo de este mes se han unido a la movilización.
«En vez de mostrar soluciones y propuestas, llegan las amenazas, los descuentos, despidos y ley de seguridad del Estado», afirmó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.
