Una familia en Milton, Ontario, está corriendo contra el reloj para poder quedarse en Canadá, diciendo que ser deportada a Portugal pondrá en peligro su salud.
«Enviarnos de regreso a Portugal ahora, en medio de esta pandemia, es como si nos estuvieran enviando a la guerra», aseguró Eva Ferreira, quien, junto con su esposo y su hijo de 15 años, vive en Canadá hace ocho años.
Su impulso para quedarse es particularmente desesperado dado que recientemente se descubrió que Portugal tiene la peor tasa mundial de nuevos casos diarios de COVID-19 y muertes por cada 100.000 personas, y el esposo de Ferreira, Armando Goncalves, es diabético.
La diabetes pone a las personas en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 y también es una comorbilidad común en las muertes relacionadas con COVID-19.
«Como están las cosas en Portugal, siento que vamos a poner en riesgo nuestras vidas», dijo Ferreira.
La familia llegó por primera vez a Canadá en 2012 después de luchar por encontrar un empleo estable en Europa. Los padres obtuvieron permisos de trabajo canadienses válidos mientras trabajaban como camioneros.
Según su abogado, su estatus luego caducó sin su conocimiento dos años después, principalmente como resultado de una asesoría legal inepta.
El jueves, la familia recibió la noticia que temían: su solicitud para aplazar su deportación fue rechazada por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). Se les ordenó que se fueran antes del 11 de febrero, dándoles exactamente una semana para presentar una apelación de última hora en la Corte Federal.
«Amamos a Canadá, tenemos la esperanza de poder quedarnos. Pero se nos está acabando el tiempo», sostuvo Ferreira.
Requisito legal para deportar: CBSA
Por su parte, la CBSA dice que no comenta sobre casos individuales.
La agencia defendió la decisión de ampliar las expulsiones, y un portavoz escribió en un comunicado que tiene un requisito legal para hacerlo.
«Esto se hizo por varias razones, que incluyen (…) la reanudación de los procesos comerciales en Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá y la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá para producir decisiones que conduzcan a la expulsión, un aumento en las rutas disponibles por parte de socios comerciales que facilitan devoluciones y la capacidad de garantizar que las mudanzas se realicen de manera responsable «, manifestó el comunicado.
«Aquellos que son removidos se han agotado o han optado por no buscar más recursos legales y no tienen derecho legal a permanecer en Canadá», agregó.
