El primer acuerdo de paz que firmaron el Gobierno colombiano y las FARC, el 26 de septiembre de 2016, cumplió este sábado cuatro años en medio de una situación difícil para su implementación por el recrudecimiento del conflicto en las zonas «históricamente afectadas por la violencia».
Ese pacto negociado en Cuba fue firmado en Cartagena de Indias y rechazado una semana después por estrecho margen en un plebiscito, lo que obligó a reabrir las negociaciones para un acuerdo final que se firmó el 24 de noviembre de ese año en Bogotá.
Es por ello que durante la primera Conferencia Internacional por la Implementación del Acuerdo Final de Paz, los protagonistas de las negociaciones de La Habana coincidieron en que a pesar de las dificultades se debe seguir trabajando en el cumplimiento de lo pactado.
«La desmovilización y el desarme de más de 12.000 combatientes de las FARC disminuyeron sustancialmente los niveles de violencia en la mayor parte del territorio nacional», expresó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y uno de los organizadores de la conferencia, al leer una declaración.
Cristo, miembro de Defendamos la Paz, la organización que organizó el acto virtual, explicó que esto derivó en una reducción de «las muertes de soldados, policías y guerrilleros, así como los hechos victimizantes contra víctimas civiles, y las masacres dejaron de constituir un fenómeno rutinario».
Sin embargo, manifestó que la «ausencia de compromiso del Gobierno» del presidente Iván Duque y el regreso a las armas de un grupo de disidentes liderado por el exjefe negociador de paz de la guerrilla, alias «Iván Márquez», han llevado al país en los últimos dos años «hacia el recrudecimiento del conflicto en áreas históricamente afectadas por la violencia».
«El ELN y las disidencias de las FARC doblaron su presencia en municipios en estos dos años y se han fortalecido los grupos sucesores del paramilitarismo», añadió.
Violencia generalizada
El conflicto se ha recrudecido principalmente contra los exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz y los líderes sociales, centenares de los cuales han sido asesinados desde que se suscribió el acuerdo.
Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que surgió de la desmovilización de la guerrilla, 228 excombatientes fueron asesinados desde noviembre de 2016.
Mientras, un informe revelado esta semana por la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que al menos 81 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados durante el primer semestre de este año en Colombia.
Al respecto, el expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de Paz en 2016 y que firmó el acuerdo con las FARC, dijo al hablar de la implementación que «el problema principal es el asesinato de líderes sociales y de antiguos miembros» de la guerrilla, pero manifestó que lo pactado «tiene unos instrumentos para resolver esos problemas».
Nuevos retos y críticas al gobierno
El exjefe negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, manifestó que «la paz firme tiene muchos ingredientes, no se limita al silencio de los fusiles y es una tarea multifacética».
«A los desafíos de estos cuatro años, se suman ahora nuevos retos. Viejas dolencias, como la persistencia de las masacres que habían desaparecido prácticamente, ahora se convierten en urgencias de cada minuto», expresó.
Igualmente criticó al Gobierno de Duque por su política de «Paz con legalidad» para implementar el acuerdo y dijo que «la ceguera no es buena guía, tampoco la miopía selectiva. Reconocer los obstáculos es el primer paso para superarlos».
«Paz con legalidad no puede ser una paz inerte, debe incluir una nueva legalidad impulsada por más igualdad. De lo contrario, es la rendición que algunos anhelaron. La mesa de La Habana no estaba diseñada para librar la última batalla para derrotar al enemigo. Era, por el contrario, el escenario para una primera batalla en la que el enemigo se convierte en antagonista político, usando solo el dardo de la palabra», aseguró.
En ese sentido, el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, manifestó que la guerrilla firmó el acuerdo convencida «de que entre todos y todas los colombianos podemos construir una nación que excluya la violencia de la política e incluya en la democracia y el progreso a millones de compatriotas víctimas de la persecución y el olvido».
Como respuesta a estas declaraciones, el alto consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que en los dos años del Gobierno de Duque se ha conseguido «una enorme cantidad de logros que están compilados en 350 páginas de avances y resultados, que transforman vidas y fortalecen comunidades».
«Somos conscientes de la importancia del diálogo en un proceso de paz y en la subsiguiente implementación del mismo. Por eso, en cuanto a los espacios de participación y diálogo, los mantuvimos todos, hemos estado activos en sus roles y los financiamos», expresó.
Visión del exterior
La comunidad internacional valoró lo conseguido por Colombia en estos cuatro años de implementación de la paz e hizo un llamado para proteger los logros y combatir los obstáculos que existen.
«Quiero resaltar la extraordinaria convicción de los colombianos, de las víctimas, de quienes ejercen liderazgos en las comunidades, de excombatientes que dejaron las armas y en general de mujeres y hombres en las regiones afectadas por el conflicto, para seguir apostándole a la paz, a pesar de centenares de muertes y amenazas», dijo el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
El expresidente de EE.UU. Jimmy Carter, ganador del Nobel de Paz en 2002, pidió a los colombianos hacer «todo lo que esté dentro de sus posibilidades para garantizar que los acuerdos de paz proporcionen una perdurable hoja de ruta hacia la paz y la prosperidad» del país.
Entre tanto, el enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz de Colombia, Eamon Gilmore, sugirió al país avanzar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un mecanismo creado por el acuerdo «para dialogar y encontrar soluciones prácticas a una situación extremadamente seria y compleja».