
Estados Unidos impuso nuevas sanciones el jueves a cinco empresas cubanas y al nieto del líder revolucionario de 95 años, Raúl Castro, mientras la administración Trump intensifica la presión económica sobre la isla caribeña gobernada por el régimen comunista.
El Departamento de Estado indicó que está sancionando a Fidel Ernesto Castro, de 31 años, por ser un miembro adulto de la familia de otros integrantes ya sancionados del clan Castro. Su abuelo fue una figura fundacional de la revolución cubana de 1959 y lideró el país a partir de 2006, cuando su hermano Fidel Castro cayó enfermo, desempeñándose como presidente hasta 2018, aunque continuó ejerciendo influencia significativa dentro del gobierno.
Washington también sancionó al Banco Exterior de Cuba, entidad estatal, dos empresas vinculadas a la industria niquelera del país, y dos compañías activas en el debilitado sector energético, incluyendo una importadora de petróleo.
Estados Unidos ha impuesto desde principios de año un bloqueo al acceso cubano al petróleo, amenazando con aranceles a países que continúen enviando suministros a la isla. Esto ha agravado una red eléctrica ya débil, provocando apagones nacionales repetidos y limitando el transporte de mercancías y el acceso a servicios de salud. Naciones Unidas ha advertido que la situación podría convertirse en una crisis humanitaria.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las sanciones responden a que las élites cubanas presuntamente se enriquecen a costa de la población y buscan «exportar ideología marxista subversiva hacia Estados Unidos,» afirmando que «las élites del régimen comunista de Cuba presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre.»
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió acusando a Washington de ser responsable de la crisis en Cuba y de fabricar amenazas inexistentes, declarando que «la verdad es que Cuba no amenaza la seguridad nacional ni la economía de Estados Unidos, ni tiene ningún deseo de hacerlo,» y calificando las acusaciones de terrorismo como una muestra de «la falta de seriedad del gobierno estadounidense.»
Washington sostiene que sus medidas responden a una amenaza a la seguridad nacional, señalando que el gobierno cubano apoya a grupos terroristas y limita los derechos humanos, además de buscar modificar la actual estructura de poder en la isla.
Ese mismo jueves, Cuba presentó nuevas regulaciones destinadas a atraer inversión extranjera, comercio y turismo, continuando con reformas de libre mercado en medio de la presión estadounidense y la crisis económica que atraviesa el país.





