Luego de que el premier de Quebec anunciara un impuesto potencial para los adultos no vacunados en su provincia, el primer ministro no descarta la posibilidad de implementar uno a nivel nacional.
La actualización de Justin Trudeau se produce cuando las provincias se enfrentan a presiones cada vez mayores en sus sistemas de salud debido a la ola de ómicron.
A Trudeau se le preguntó el miércoles sobre la posibilidad de un cargo financiero nacional para aquellos que continúan negándose a vacunarse sin razones médicas válidas.
“Hemos recibido esa propuesta con interés por parte del gobierno de Quebec, pero hay muchos más detalles que tenemos que escuchar sobre cómo funcionaría esto antes de que pueda hacer algún comentario al respecto”, explicó el primer ministro a los periodistas.
Señaló que Quebec ha asegurado al gobierno federal que su propuesta respetará la Ley de Salud de Canadá.
Añadió que su gobierno ha sido claro a nivel federal sobre lo importante que es vacunarse.
El alcalde de Toronto, John Tory, explicó que no está a favor de este tipo de medida y argumenta que “nos lleva por un camino que es muy desafiante”.
“Esta sería una decisión provincial, y lo que hará Quebec es lo que crea que es mejor para las personas que viven en la provincia de Quebec”, confesó Tory. “Indiqué anteriormente que este tipo de enfoque no es el mejor aquí, en la provincia de Ontario o en la ciudad de Toronto, de manera similar a lo que dije sobre un toque de queda que no pensé que fuera algo aplicable aquí”.
Tory sostiene que favorece el uso de herramientas que ya se han implementado, como otorgar ciertos privilegios como la posibilidad de ingresar a restaurantes o ir a un lugar de música o evento deportivo si está vacunado.
La propagación de ómicron amenaza con invadir varios sistemas de salud y el ejército advierte que es posible que no cuente con el personal médico para atender las solicitudes de emergencia de las provincias.
Premier de Quebec, François Legault expresó el martes que este cobro ayudaría a cubrir los costos de atención médica y no se aplicaría a los residentes con una razón médica válida.
Es la primera vez que un gobierno en Canadá anuncia un cobro para las personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19.
