TORONTO. Dependiendo de qué lado de la ecuación uno se encuentre, los recortes aplicados en materia de inmigración —tanto para residentes permanentes como temporales— pueden verse de manera positiva o negativa.
Desde una perspectiva optimista, esta semana se publicó un informe de la economista senior del Toronto Dominion Bank, Beata Caranci, quien considera que la reducción en el número de residentes permanentes y temporales ha sido beneficiosa para la economía canadiense. Según ella, si esta disminución no hubiera comenzado hace un año, el nivel de desempleo estaría hoy un 1 % más alto.
En su informe, Caranci señala que la reducción ha evitado un aumento en el desempleo y ha contribuido a calmar la crisis de vivienda. Además, destaca que, pese a la disminución de inmigrantes, el gasto de los hogares no ha caído. Esto se debería a que muchas de las personas que se han marchado eran residentes temporales —como estudiantes internacionales o personas indocumentadas— con un poder adquisitivo limitado.
Sabemos que ha habido una gran reducción en materia migratoria durante el último año. Esta política fue iniciada por el gobierno de Justin Trudeau y continuada por el de Mark Carney. En los próximos días, se espera que la ministra de Inmigración presente su informe al Parlamento, donde podremos conocer con más claridad los recortes previstos en la admisión de inmigrantes para los próximos tres años.
Actualmente, se sabe que para 2027 el número de residentes permanentes se reducirá a 365 000, una cifra significativamente menor en comparación con los 500 000 por año actuales. Pronto conoceremos cuántos inmigrantes se admitirán en 2026, 2027 y 2028, así como la distribución por categorías migratorias.
Todo esto será detallado en el informe que la ministra presentará al Parlamento. También estamos a la espera de la implementación del Proyecto de Ley C-12 (anteriormente presentado como C-2), el cual se prevé sea aprobado, ya que todos los partidos parecen estar de acuerdo. A lo largo del proceso se le han realizado varios cambios, pero algunos resultan verdaderamente alarmantes para la comunidad inmigrante.
Aquí es donde encontramos el aspecto más preocupante de la situación: bajo esta nueva ley, la ministra de Inmigración tendrá el poder de cancelar cualquier solicitud en cualquier momento por “interés público”, un concepto que no está claramente definido. Esto significa que la ministra podría cancelar un caso en trámite —sin importar cuánto tiempo haya estado en proceso— si el gobierno lo considera necesario.
Las razones podrían variar: acumulación de casos atrasados, cupos completos en ciertas categorías o simples decisiones administrativas. Este poder se otorga dentro de la Ley de Inmigración, por lo que no solo esta ministra, sino también las futuras, contarán con esta facultad.
Esto es inquietante, ya que una persona podría haber estado esperando una respuesta durante 3, 4, 5, 7 o incluso 10 años, y ver su solicitud cancelada. Esto ya ocurrió en 2012 y 2013, por lo que existen precedentes de este tipo de situaciones.
Otra disposición alarmante es que los refugiados deberán solicitar asilo dentro de los primeros 12 meses de haber ingresado al país. Si no lo hacen en ese periodo, perderán la elegibilidad para pedir refugio.
El proyecto de ley menciona que habrá excepciones, pero no las especifica. Además, se aplicaría de forma retroactiva a junio de 2025, fecha en que se presentó por primera vez la ley C-2. Esto implicaría que todas las personas que hayan ingresado desde entonces y no hayan solicitado refugio dentro de esos 12 meses podrían ver sus casos cancelados. En tales situaciones, tal vez solo podrían recurrir a una revisión de riesgo previa a la deportación (PRRA, Pre-Removal Risk Assessment).
Más preocupante aún es que la ley establece que una persona debe haber solicitado refugio en su primera llegada a Canadá. Es decir, si alguien estuvo en el país hace 20 años y no pidió refugio entonces, no podrá hacerlo ahora, aunque hoy enfrente persecución. Esta medida resulta ilógica, ya que no contempla casos en los que la situación de riesgo haya surgido recientemente. Aún no se sabe si se considerará una excepción para quienes puedan demostrar que no tenían problemas en el pasado, pero sí los enfrentan ahora.
Otro asunto grave es que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) está contratando 1 000 nuevos agentes para intensificar los arrestos, detenciones y deportaciones de personas indocumentadas, de quienes trabajan sin permiso o de aquellos cuyo estatus ya venció.
Ya se han reportado redadas en sitios de construcción en Calgary, lo que indica que el plan de expulsar a quienes se encuentran sin estatus ha comenzado. Se menciona que la mayoría son ciudadanos de la India, seguidos por hispanos y, posteriormente, personas de Haití.
Ante la ley C-12 y estas redadas, hay acciones que la comunidad puede tomar. En primer lugar, debemos comunicarnos con los miembros del Parlamento para expresar nuestra inconformidad como ciudadanos canadienses y denunciar las partes injustas de la ley, como la posibilidad de cancelar solicitudes después de años de espera o negar el refugio a quienes no lo pidieron antes porque no lo necesitaban.
Respecto a quienes se encuentran en el país sin estatus, debemos seguir luchando por un programa de regularización, aunque en la actual atmósfera de negatividad hacia los inmigrantes parece poco probable que el gobierno lo implemente. Incluso del programa de regularización para trabajadores de la construcción no se ha sabido nada desde el cambio de gobierno.
Las personas en riesgo de arresto o deportación deben evitar lugares donde puedan producirse redadas, lo cual es difícil, ya que suelen ocurrir en obras de construcción o fábricas donde se sabe que hay trabajadores sin permiso. Es muy importante evitar esos lugares.
También deben buscar maneras de regularizar su estatus, por ejemplo, obteniendo un permiso de trabajo mediante un tratado de libre comercio o un Labour Market Impact Assessment (LMIA).
Si existen motivos humanitarios o de compasión, es recomendable iniciar una solicitud en esa categoría. En caso de ser arrestado, esto permite pedir a la Corte Federal que suspenda la deportación hasta que haya una decisión sobre el caso. Asimismo, es aconsejable no trabajar en la economía informal, ya que esos entornos son los más vigilados.
Si alguien es detenido o enfrenta una deportación, debe contactar de inmediato a su asesor legal o a una clínica jurídica para asegurarse de que se respeten todos los procedimientos y obtener el mejor resultado posible.
Recuerden que toda persona tiene derecho a un PRRA, y aunque el porcentaje de éxito es bajo (entre el 3 % y el 5 %), al menos representa una posibilidad y suspende la deportación mientras se revisa el caso. Finalmente, es fundamental mantener todos los documentos al día (pasaporte, certificado de nacimiento, etc.) y guardarlos en un lugar seguro o confiárselos a alguien de confianza.
A pesar de las medidas restrictivas y de la incertidumbre que enfrentamos, la comunidad inmigrante en Canadá ha demostrado una y otra vez su fortaleza, su capacidad de adaptación y su enorme aporte a este país. No debemos perder la esperanza ni quedarnos en silencio. Es momento de mantenernos informados, participar y hacer oír nuestras voces ante los representantes políticos para exigir transparencia y justicia en las decisiones que nos afectan. Canadá ha sido y debe seguir siendo una nación construida por inmigrantes; proteger ese principio es responsabilidad de todos nosotros.
