Santo Domingo, 20 ago (EFE).- El canciller dominicano, Andrés Navarro, afirmó hoy que el proceso de repatriaciones de extranjeros en situación migratoria irregular continuará en el país con normalidad y respeto a los derechos humanos, apegado al más estricto cumplimiento del mandato constitucional y las leyes.
Navarro realizó estas declaraciones en respuesta a lo expresado ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, que deploró las disposiciones del Gobierno dominicano de llevar a cabo las repatriaciones «antes de la finalización de la revisión del protocolo de repatriación de diálogo».
El ministro dijo, tras encabezar la clausura de un acto público, que el Gobierno dominicano dejó claro a las autoridades haitianas y a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el procedimiento de deportación «no estaría sujeto a negociaciones».
El funcionario señaló que su país ha atendido el derecho soberano de aplicar su nueva política migratoria frente a los extranjeros que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización dispuesto por el presidente dominicano, Danilo Medina.
«El proceso de repatriaciones se ejecuta sin mayores inconvenientes y apegado al más estricto respeto de los derechos humanos de cada uno de los casos individuales, por lo que dejamos lo suficientemente claro que no está sujeto a ningún tipo de negociación con el Gobierno» de Haití, expuso Navarro.
A su vez, manifestó que los observadores del proceso de distintos organismos nacionales e internacionales han constatado «la verdad de la ejecución de nuestra nueva política migratoria, con evidente respeto a las mejores prácticas en materia de derechos humanos, tal como lo dispuso el presidente Medina».
Navarro recordó que hasta ahora nadie ha podido presentar «alguna prueba» que demuestre que en la República Dominicana existen personas amenazadas de «apatridia» como lo sugiere Haití, cuya Cancillería ha advertido que no recibirá en su territorio a personas en peligro de convertirse en apátridas.
«En un Estado de derecho como el nuestro, ningún dominicano será expulsado de su país, y si se presenta algún caso dudoso ante nuestras autoridades, será debidamente examinado y solucionado como ha instruido el presidente Medina», concluyó Navarro.
A mediados de julio finalizó el plazo para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y, hasta entonces, las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al proceso, principalmente haitianos, habían sido voluntarias.
Según cifras oficiales, a este proceso se acogieron 288.000 personas y desde junio pasado 66.000 haitianos regresaron a su país voluntariamente.
El pasado 14 de agosto las autoridades dominicanas empezaron el proceso de deportación de extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país.
