La muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis ha provocado una oleada de pro
testas en esa ciudad y ha intensificado el escrutinio público sobre el accionar de las fuerzas federales en Estados Unidos. El caso ocurre en un contexto de creciente tensión, luego de que agentes federales dispararan e hirieran a dos personas en Portland, Oregón, en un hecho separado pero cercano en el tiempo.
El incidente en Minneapolis ocurrió durante un operativo de inmigración en un vecindario residencial. La víctima, una mujer de 37 años, recibió disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo. Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia, alegando que la conductora intentó usar el automóvil como arma. Sin embargo, testigos y líderes locales han cuestionado esa versión y reclaman mayor transparencia, señalando que los videos difundidos no muestran de manera concluyente una amenaza inmediata.
Desde entonces, cientos de personas han salido a las calles de Minneapolis para exigir justicia y rendición de cuentas. Las manifestaciones incluyen marchas, vigilias y protestas frente a edificios federales, con consignas que piden el fin de las operaciones de ICE en la ciudad. Funcionarios municipales y estatales también han expresado su preocupación por el uso de la fuerza y por la falta de coordinación entre las agencias federales y las autoridades locales.
Un día después, en Portland, agentes federales dispararon contra dos personas durante una intervención cuya naturaleza aún no ha sido detallada públicamente. Ambos heridos fueron trasladados a hospitales y el FBI abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. El episodio generó fuertes críticas de autoridades locales, que han cuestionado la presencia y las tácticas de los agentes federales en la ciudad.
La coincidencia de ambos hechos ha reavivado el debate nacional sobre el alcance de los operativos de inmigración en zonas urbanas alejadas de la frontera y sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales. Organizaciones de derechos civiles advierten que estos casos reflejan una tendencia preocupante y exigen investigaciones independientes y cambios en las políticas de aplicación de la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, las protestas continúan y la presión pública crece, en un país profundamente dividido sobre cómo equilibrar la seguridad, la aplicación de las leyes migratorias y el respeto a los derechos civiles.
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