El preso político venezolano Leopoldo López, de 46 años, ha salido de la cárcel de Ramo Verde. López, detenido desde febrero de 2014, ha pasado a arresto domiciliario y se encuentra en su casa desde la madrugada de este sábado, según ha confirmado a EL PAÍS el español Javier Cremades, uno de sus abogados. El opositor venezolano ha vuelto a su domicilio sin aceptar ninguna condición para su regreso, informa Cremades. La nueva medida —que en Venezuela se conoce como «casa por cárcel»— coincide con tres meses de intensísimas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en las que han muerto 89 personas.

El Supremo ha informado en su página web que ha decidido otorgarle a López arresto domiciliario «en virtud de la información recibida sobre la salud» del dirigente opositor. Por esa razón, la Sala Penal ha decidido concederle una «medida humanitaria» al dirigente.

Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y exalcalde del municipio caraqueño Chacao, llegó a su casa a las 4.00 am hora local. Su liberación ha sido toda una sorpresa, incluso para su familia. En reiteradas ocasiones había manifestado, a través de su esposa, Lilian Tintori, que la condición para abandonar la prisión era la salida de todos los presos políticos. López fue condenado en 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel, a cumplir en la prisión militar de Ramo Verde. La juez Susana Barreiros lo consideró culpable de participar e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos.

«Esto supone un reconocimiento del liderazgo de Leopoldo López, que se prepara para liderar de nuevo la alternativa al régimen de Nicolás Maduro, cuya resistencia Leopoldo López ha logrado quebrar», ha apuntado Cremades. «Es una victoria aplastante como lo fue el hombre de Tiananmen. Ha estado tres años resistiendo a un régimen implacable», ha añadido el abogado español.

Así culminan meses de intensas negociaciones entre el líder de la formación Voluntad Popular y el gobierno de Venezuela. Durante los últimos dos meses Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador (centro oeste de Caracas), y su hermana Delcy, excanciller del gobierno de Nicolás Maduro, lo habían visitado en reiteradas ocasiones para trasladarle las ofertas del régimen. Algunas de esas conversaciones fueron presenciadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo por última vez en Caracas la semana pasada.

A principios de junio, incluso, López estuvo a punto de abandonar la cárcel, pero su esposa Lilian informó que el dirigente rechazó tal posibilidad. En Venezuela se desarrollaban entonces —aún continúan— intensas protestas opositoras que buscan desalojar antes de tiempo a Maduro después de que a finales de marzo el Supremo, mediante dos sentencias, desconociera al Parlamento y, luego, en mayo, convocara a una Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva Constitución. Leopoldo López temía que su liberación se interpretara como un gesto de capitulación.

A finales de junio, López denuncio a gritos y desde su celda que estaba siendo torturado: “¡Me están torturando! ¡Denuncien!”. La denuncia fue divulgada en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de su esposa, Lilian Tintori que aseguró llevaba en ese momento 20 días sin poder ver a su marido. Ayer, viernes, Tintori contó en las redes sociales que había podido ver a López durante una hora. Había exigido volver a visitarle este sábado junto a sus hijos.

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El choque de poderes en Venezuela toma tintes de humor… Un día después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidiera a Katherine Harrington entrar a las instalaciones del ministerio, por considerar su nombramiento ilegal, la funcionaria entró escondida en el baúl de un carro.

Katherine Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como vicefiscal el día martes, cuando en una audiencia comenzó a debatir si le abría un juicio a la fiscal por «no desempeñar bien su cargo». La intención del oficialismo es que ella reemplace a Ortega si es despojada de su cargo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.

Harrington ha estado vinculada en acusaciones contra varios dirigentes opositores entre ellos la exdiputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma -actualmente bajo arresto domiciliario-, y el diplomático venezolano Diego Arria.

La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de Constitución que promueve Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de «traidora».

Para tomar posesión del cargo, algo que Ortega considera ilegal, Harrington llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general.

Sin embargo, tras una media hora, la funcionaria se marchó del lugar sin haber tenido éxito en su intento por tomar posesión del despacho para el que la acreditó la Sala Constitucional del Supremo.

Luego, la fiscal general escribió a través de su cuenta en la red social Twitter que denunciaba «la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público».

Por ello, Ortega responsabilizó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) «de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios» de la Fiscalía.

Este viernes, según reporta el periódico El Nacional, Katherine Harrington, volvió a ser desalojada de la sede principal del Ministerio Público tras entrar en el maletero de un carro. Varios periodistas de la fuente confirmaron la información a través de Twitter.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz sólo reconoce al vicefiscal Rafael González, que además fue ratificado en el cargo por el Parlamento.

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