Al conocerse que  Brasil era la siguiente parada en la gira de la exfiscal venezolana, que ya ha pasado por Aruba y Colombia, el gobierno de Maduro respondió con una airada amenaza: “Venezuela va a solicitar ante la Interpol un código rojo a estas personas involucradas en delitos graves”. La incomodidad del régimen con Ortega y su marido viajando por el continente remite a una pregunta: ¿qué es lo que sabe la exfiscal para preocupar tanto a Maduro?

A comienzos de agosto, en entrevista con CNN, a Luisa Ortega le preguntaron por un rumor que la perseguía hace tiempo: ¿Existe algún evento que haya puesto en riesgo su seguridad o la de su familia? La respuesta fue “sí” y, para muchos, más allá de la descomposición de las instituciones venezolanas que llevaba denunciando hace meses, ese fue el factor que explicaba la ruptura de la exfiscal con el oficialismo.

Ortega explicó que, a comienzos del año, el secuestro de su hija y su nieto la obligó a dejar sorpresivamente una cumbre de fiscales, que estaban concentrados en Brasil y con quienes se reuniría para tratar la trama de corrupción auspiciada por la constructora brasileña Odebrecht.

No era la primera vez que Ortega se refería al desfalco de proporciones continentales que en Venezuela dejó en veremos líneas del metro, puentes sobre el Orinoco y una ambiciosa hidroeléctrica que, junto a otras obras públicas, componen una lista de al menos 23 proyectos abandonados. Antes de denunciar el secuestro de sus familiares, el 11 de julio, en declaraciones para Unión Radio, Ortega, quien en ese entonces todavía estaba al frente del Ministerio Público, anunció que ya les seguía la pista a los funcionarios que habían adjudicado las obras y a quienes eran responsables de su abandono.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa brasileña destinó US$98 millones al soborno de funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015. En Radio Unión, Ortega dijo que ya les pisaba los talones, pero también advirtió tener paciencia antes de conocer más detalles sobre el tema. Su destitución, a manos de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto, parecía haber puesto fin a cualquier posibilidad de que el capítulo venezolano de la trama de corrupción saliera a la luz.

El viernes pasado, antes de que se conociera el comienzo de su breve paso por Colombia, de donde salió rumbo a Brasil con escala en Panamá, Ortega participó por vía telefónica en una reunión de fiscales que se llevaba a cabo en Puebla, México.

En su intervención, Ortega denunció que a “64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país sin ninguna fórmula procesal por capricho del gobierno”, algo que, para ella, “tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht”.

La exfiscal pidió a los organismos investigadores que se daban cita en México que fueran cautelosos a la hora de compartir sus hallazgos con las autoridades venezolanas, pues “cualquier información que ustedes remitan en este momento al Ministerio Público va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos. Sería destruir la evidencia (los funcionarios del régimen) aprovecharían la información para atentar contra la fuente”.

La fiscal también aprovechó para denunciar la persecución en su contra, cuyo último episodio tuvo lugar en su apartamento en Caracas. Los agentes del SEBIN allanaron su domicilio en medio de la investigación contra Germán Ferrer, cónyuge de la exfiscal contra quien pesan cargos por corrupción y que, con la disolución de la Asamblea Nacional, de la que era miembro, no puede escudarse detrás de la inmunidad parlamentaria.

De nuevo, la justificación fue Odebrecht: “Saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personajes que se enriquecieron y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”, dijo la exfiscal.

Los viajes de Ortega

El camino que ha recorrido Luisa Ortega antes de llegar a Brasil siempre ha sido cuestionado. Es decir, nunca ha sido una mujer aceptada y su primer gran cambio de rumbo sucedió cuando decidió poner distancia con el chavismo, movimiento del que fue una de sus hijas más fieles y que le permitió escalar en su carrera política. Por eso, Luisa Ortega ha estado lidiando con críticas que no tienen nada de condescendientes. Primero de un lado, luego del otro.

Estudió derecho en la Universidad de Carabobo y ahí empezó a comunicarse con los que se perfilaban como futuros líderes del chavismo, que, en ese entonces, a sus 20 años, apenas se vislumbraba como una fuerza para el futuro. En sus tiempos de universitaria conoció a Isaías Rodríguez, chavista de pura cepa y ahí empezó a escalar. Él se convirtió en su maestro y mentor. Ya con Chávez en el poder, consiguió ser la consultora jurídica del canal Venezolana de televisión.

En 2007 se convirtió en la cabeza del Ministerio Público venezolano, reemplazando a Rodríguez. En principio su nombre no sonaba mucho, pero tras el intento de golpe de Estado en 2002 empezó a ser una persona de confianza para ese círculo al condenar con la máxima pena a los líderes opositores y a los policías que el oficialismo consideraba culpables del intento de golpe. Curiosamente, Rodríguez, quien la llevó a esa posición, hoy dice que su destitución de la Fiscalía “era más que necesaria”.

Es así como Ortega se ganó la desaprobación de la comunidad internacional. Luisa Ortega era el símbolo del desequilibrio de poderes en Venezuela, pues sus decisiones parecían al servicio del Ejecutivo.

Y es que Ortega hizo varias cosas que alegraron al chavismo y se ganaron el odio opositor. En 2013 asumió el cargo de presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos que hubieran cometido quienes estuvieron en la silla presidencial, y sus gabinetes, antes de 1999, año en el que Chávez llegó al poder. También solicitó la extradición y el encarcelamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez.

El 4 de abril 2014 tomó la decisión que más le cobraron los opositores: Leopoldo López iba a la cárcel. El líder del partido Voluntad Popular y una de las voces más famosas y radicales de la oposición, fue acusado por su despacho de motivar la violencia en las marchas opositoras de 2014”.

La oposición la tenía entre ojos. A ella y a su esposo, Germán Ferrer,quien se unió muy joven al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Y ahora que se atrevió a disentir, de nuevo la tienen entre ojos. Pero esta vez los chavistas. Le han dicho “traidora” y “loca”, por las declaraciones en las que ha cuestionado el uso indebido de la fuerza en las manifestaciones opositoras y ha acusado a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos.

Cuando anunció su destitución, Maduro dijo que Ortega era responsable de desviar investigaciones a su conveniencia. Aseguró le había entregado pruebas sobre casos de corrupción de algunas empresas vinculadas con la Faja Petrolífera del Orinoco, pero según él la Fiscalía “avisó” a los “culpables”. Además, la nueva fiscalía, dirigida por Tarek William Saab,le imputó cargos por corrupción a Ferrer, su marido, por supuestamente participar en una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en delitos.

Iris Varela, una de las chavistas fieles que permanecen junto a Maduro y quien ahora es una de las magistradas constituyentes, afirmó que “debían revisarse los negocios que tenía Ferrer en Panamá”.

Ortega dejó Colombia para dirigirse a Brasil, el epicentro del escándalo de Odebrecht, pero los detalles de la información que tiene sobre el caso siguen siendo tan difusos como los fundamentos que el gobierno venezolano esgrime contra ella y su marido.