Familiares y compañeros de 43 estudiantes desaparecidos llegaron hoy a Oaxaca y marcharon acompañados de alumnos y maestros locales, al enfilar hacia su destino en Ciudad de México para exigir la aparición de las víctimas con vida.
Los familiares llegaron esta madrugada en tres autobuses a Oaxaca, capital del estado homónimo en el sur de México, procedentes de Tuxtla Gutiérrez, sudoriental estado de Chiapas, donde ayer se manifestaron con apoyo de organizaciones sociales.
En Oaxaca realizaron una marcha acompañados por alumnos de las escuelas normales (para maestros) del estado e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene en ese estado su principal bastión.
Participantes de la marcha arrojaron artefactos incendiarios a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal) con saldo preliminar de dos heridos, entre ellos un fotógrafo que cubría la movilización.
La CNTE tiene ocupado desde hace cuatro meses el Zócalo (plaza principal) de Oaxaca para presionar al Gobierno estatal a que no aplique la reforma educativa promulgada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, que establece un sistema de evaluación para la asignación de plazas docentes.
Esa agrupación, facción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha encabezado desde el año pasado las protestas contra la reforma educativa y en días recientes se ha involucrado también en las manifestaciones por la desaparición de los estudiantes.
Los familiares que hoy llegaron a Oaxaca partieron el jueves pasado de Tixtla, estado sureño de Guerrero, donde se ubica la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre a manos de policías y miembros del crimen organizado.
Desde Oaxaca se dirigirán a los estados centrales de Morelos y Tlaxcala para finalmente converger con otros dos contingentes en el Zócalo de Ciudad de México el 20 de noviembre, cuando se conmemora la Revolución Mexicana, en un magno acto de protesta y demanda de justicia.
Otro de los contingentes recorre los estados del norte del país y un tercero visita diversos municipios de Guerrero.
Como ocurrió hoy en Oaxaca, sus actividades para sensibilizar a la población nacional en torno a lo ocurrido el 26 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala se han visto empañadas por actos de violencia por parte de diversos grupos que, bajo la bandera de Ayotzinapa, promueven sus propias agendas.
El viernes pasado alrededor de 50 egresados de escuelas para maestros se apoderaron de camiones de empresas de alimentos en Chilpancingo, capital de Guerrero, y sustrajeron la mercancía para repartirla entre personas que se encontraban cerca.
Los egresados integraron la Resistencia Normalista Guerrerense, un movimiento para exigir plazas docentes y la presentación con vida de los desaparecidos.
A su vez, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), agrupación afín a la CNTE y que también se opone a la reforma educativa, incendiaron la semana pasada el Congreso estatal y atacaron las oficinas del PRI en Chilpancingo.
En otras partes del país se registraron el sábado acciones violentas en el contexto de las protestas por la desaparición de los estudiantes, como los ataques a las sedes de diversos partidos políticos en el suroccidental estado de Michoacán y en el oriental Veracruz.
El Gobierno mexicano ha comenzado a dar señales de impaciencia con la violencia, desvinculándola de las genuinas expresiones de dolor por la desaparición de los jóvenes.
«Queremos convocar a los grupos (que han incurrido en actos violentos) al orden y a no hacer de este momento de pena y dolor por el que pasan padres de familia una bandera de otras causas, una bandera que concite a la violencia y al desorden», dijo Peña Nieto la noche del sábado a su llegada de su gira por China y Australia.
Por otro lado, prometió «agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden». La fuerza, dijo, «es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo».
A su vez, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, sostuvo el viernes anterior que en este caso el Gobierno ha privilegiado el diálogo, pero advirtió que «también éste tiene una tolerancia, y esa es cuando se afectan los derechos de otros».
México, 17 nov (EFE).-
