Si de algo podía presumir el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, era de que gobernaba sin oposición.
En tres meses había logrado que el Congreso aprobara casi por unanimidad los cinco proyectos que envió, todos ellos prometidos en su campaña.
Los legisladores no votaron en contra ni en los proyectos más espinosos, como la ley para subir los impuestos a los ciudadanos.
El pacto de gobernabilidad con los otros movimientos políticos le había consolidado a Noboa una imagen positiva de un líder que había conseguido el control del país, al menos en el Legislativo.
Algo que le permitió marcar distancia de su sucesor, Guillermo Lasso, que desde el inicio de su mandato rompió cualquier acuerdo con los grandes grupos políticos.
Lo llevó a entregar la Presidencia antes de tiempo, decretando la muerte cruzada para evadir un juicio político que impulsó el bloque de la revolución ciudadana, del expresidente Rafael Correa.
Pero algo se rompió el viernes, cuando Noboa ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, para capturar a Jorge Glas, una decisión sin precedentes que violó normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
La primera advertencia ha llegado desde el grupo legislativo de Revolución Ciudadana que, si bien no era oficialista, tenía un acuerdo no firmado para apoyar las leyes impulsadas por Noboa y garantizar así la gobernabilidad.
“Nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su Gobierno, señor Noboa”, dijo Viviana Veloz, vicepresidenta del Legislativo.
Dentro de la Asamblea, aunque sus diputados son los que más sillas ocupan, no son mayoría por sí solos, pero están en disposición de conseguir los votos suficientes para bloquear cualquier proyecto del Gobierno cuando se unen con sus aliados. Como lo hicieron con Guillermo Lasso.
La primera maniobra ya tiene fecha y hora. Las ministras de Relaciones Exteriores, del Interior y el ministro de Defensa han sido convocados a la comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde la mayoría de los miembros son del nuevo bloque de oposición.
La guerra política está anunciada. “Vamos a iniciar las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político”, dijo Veloz.
Y si algo caracteriza a esta Asamblea es la experiencia en enjuiciar a los funcionarios. Desde 2021, la Asamblea ha presentado 22 solicitudes de juicio político y dos ministros han sido censurados, según el Observatorio Legislativo.
