El primer ministro canadiense, Stephen Harper, comprobará el lunes el daño que le está causando el escándalo de corrupción en el que están involucrados sus más estrechos colaboradores cuando los votantes de cuatro circunscripciones voten para elegir otros tantos diputados.
Las cuatro elecciones (Toronto, Montreal y dos en la provincia de Manitoba) no amenazan la mayoría que el Partido Conservador de Harper mantiene en la Cámara baja del Parlamento canadiense, donde cuenta con 160 de los 308 diputados.
Pero el resultado de las elecciones parciales, que se producen después de que los diputados que ganaron los escaños en las últimas elecciones generales de 2011 dejaran sus puestos, es visto en el país como una prueba de la popularidad de Harper y los conservadores de cara a las elecciones de 2015.
De momento, las últimas encuestas predicen que los conservadores sólo ganarán uno de los cuatro escaños en juego y que incluso perderán uno que han mantenido desde hace 60 años, lo que para muchos analistas es señal del descontento de las bases conservadoras con Harper.
El primer ministro, que llegó al poder en 2006 con una agenda para mejorar la ética y la transparencia de Ottawa tras años de Gobiernos liberales, está a la defensiva desde que hace meses se supo que tres senadores que él nombró personalmente defraudaron miles de dólares al erario público.
En los últimos días, la presión se multiplicó cuando se supo que la Policía Montada canadiense considera que el jefe de gabinete hasta hace unos meses, Nigel Wright, y uno de los senadores de Harper, Mike Duffy, cometieron un delito y que más de una decena de allegados al primer ministro conocían sus maquinaciones.
Los partidos de la oposición, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático y el Partido Liberal, han destacado que la investigación policial contradice lo afirmado por Harper en la Cámara baja cuando dijo que nadie en su oficina sabía del acuerdo entre Wright y Duffy.
Según la Policía Montada, desde el abogado de la Oficina del Primer Ministro pasando por los principales senadores conservadores hasta el responsable del manejo de los fondos del Partido Conservador, el poderoso senador Irving Gerstein, todos ellos estrechos colaboradores de Harper, participaron de una manera u otra en el arreglo.
El escándalo se inició a principios de este año cuando se supo que tres senadores conservadores nombrados personalmente por Harper (los experiodistas Pamela Wallin y Mike Duffy, y el líder indígena Patrick Brazeau) habían recibido centenares de miles de dólares en ayudas a la vivienda cuando tenían residencias en Ottawa.
Harper defendió durante meses a los tres senadores pero cuando la opinión pública empezó a comparar la actitud de los conservadores con los escándalos de corrupción de los últimos Gobiernos liberales, el Senado, dominado por los primeros, inició una investigación.
El asunto parecía resuelto cuando Wallin y Duffy anunciaron que, aunque no creían haber defraudado al erario público, reembolsarían el dinero recibido de forma irregular.
Pero en mayo se supo que, a pesar de lo declarado por Harper y Duffy, el dinero reembolsado por el senador conservador no procedía de su bolsillo sino del entonces jefe de gabinete de Harper, el empresario Nigel Wright.
Inicialmente Harper defendió a Wright y descargó toda la culpabilidad en Duffy. Pero cuando se supo que la acción de Wright era el equivalente a un soborno a un senador en activo, Harper se distanció de su mano derecha, aceptó su dimisión y afirmó que nunca había sido informado sobre el acuerdo.
Harper también aseguró que nadie en su oficina tuvo conocimiento del acuerdo y que el caso estaba cerrado con la dimisión de Wright.
Los documentos de la Policía Montada canadiense revelados la semana pasada pintan un panorama distinto incluido un correo electrónico recuperado por el investigador del caso en el que Wright afirma que antes de cerrar el acuerdo con Duffy tiene que consultar con el primer ministro.
Una hora después de ese correo inicial, Wright mandó otro en el que afirmó que Harper había aprobado el acuerdo.
La investigación policial también indica que la Oficina del Primer Ministro presionó al Senado para que suavizara el informe sobre los gastos de Duffy, algo que también es un posible delito.
Hoy, el portavoz de Harper, Jason MacDonald, se vio obligado a negar de nuevo en televisión la intervención del primer ministro o su oficina en el escándalo.
«Creo que si se ve el documento (policial) es claro que el primer ministro no siempre recibió los datos que ahora tenemos», dijo MacDonald en defensa de Harper.
Julio César Rivas/Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).-