Toronto (Canadá), 7 jun (EFE).- La Oficina del Auditor General de Canadá dará a conocer el martes un informe sobre los abusos del sistema de compensación de gastos del Senado canadiense, que amenaza con dañar aún más la imagen de una institución denigrada por muchos en ese país.
Aunque el informe no será revelado oficialmente hasta el martes, en los últimos días se han producido varias filtraciones sobre su contenido, lo que ha empezado a tener consecuencias para los senadores supuestamente señalados por la investigación del auditor general.
El senador Pierre-Hugues Boisvenu abandonó el Partido Conservador del primer ministro canadiense, Stephen Harper, poco después de que los medios de comunicación canadienses publicaran que según el informe del auditor general, es uno de los que más ha abusado del sistema de compensación de gastos.
La implicación de Boisvenu en el escándalo es un golpe para el primer ministro canadiense, que llegó al poder en 2006 con la promesa de eliminar la corrupción de los anteriores gobiernos liberales, especialmente en el Senado que se había convertido en un instrumento partidista.
En Canadá, cada provincia y territorio del país tiene asignado un número determinado de senadores en la Cámara Alta del Parlamento. Pero los senadores no son elegidos por votación sino que son nombrados por el primer ministro, quien no tiene que justificar las razones de su decisión.
Por ello, los dos grupos que se han alternado el poder en Canadá, el Partido Liberal y el Partido Conservador, han utilizado el Senado para recompensar a personas cercanas, desde individuos que se han destacado con contribuciones financieras a aquellos que pueden aumentar la popularidad de la formación en grupos de interés.
Ese es el caso de Boisvenu, que fue nombrado senador por Harper en 2010 en representación de la provincia de Quebec, por ser un ferviente defensor de la dureza del sistema criminal contra los delincuentes, uno de los principales ganchos políticos del Partido Conservador.
Tradicionalmente, el Senado ha estado dominado por senadores liberales, ya que el Partido Liberal ha permanecido más tiempo en el poder que los conservadores.
Por eso, para el Partido Conservador, Harper y las provincias del oeste del país, que tienen menos representación en el Senado que Ontario y Quebec, la reforma e incluso abolición de la Cámara Alta fue uno de sus principales objetivos de gobierno.
Pero las palabras y los hechos han sido muy distintos desde que Harper llegó al poder en 2006, ya que antes de ser elegido, el líder conservador se comprometió a no nombrar senadores, pero desde 2006 ha nombrado 59, todos ellos conservadores y en varias ocasiones, con consecuencias desastrosas.
Boisvenu, que ya había tenido problemas éticos en el pasado por utilizar su cargo para conseguir un puesto a su secretaria, con quien tenía una relación amorosa, no es el único de los senadores de Harper implicado en abusos económicos.
El escándalo se inició cuando se descubrió que el senador «estrella» de Harper, el experiodista de la televisión Mike Duffy, había reclamado decenas de miles de dólares en ayudas a la vivienda, que se conceden a los senadores que no tienen casa en Ottawa, a pesar de que su domicilio está en la capital canadiense.
Cuando los periodistas empezaron a desenredar la maraña, se supo que otros dos senadores nombrados por Harper, la también experiodista Pamela Wallin y el líder indígena Patrick Brazeau, habían hecho la misma jugada, recibiendo de forma inapropiada decenas de miles de dólares.
Duffy y Brazeau fueron imputados por fraude, ambos están siendo juzgados en la actualidad, y Wallin está siendo investigada por la Policía.
El caso de Duffy ha abierto una caja de Pandora que amenaza con llevarse por delante otros ilustres nombres del Senado canadiense.
Según la televisión pública canadiense, CBC, el auditor general ha determinado que 30 senadores en activo y retirados en los últimos años han defraudado dinero al erario público, solicitando reembolsos por gastos que no están justificados.
Y de esos 30 senadores, nueve han sido referidos a la Policía para que investigue si se ha producido un delito criminal.
Si el caso de Duffy es una muestra de los abusos realizados por algunos de los senadores identificados en el informe del auditor general, la imagen pública del Senado puede sufrir un daño irreparable.
Según se ha revelado en el juicio de Duffy, el senador visitaba a amigos, familiares y conocidos por todo el país y posteriormente reclamaba la devolución de los costes del viaje (avión, hotel, restaurantes y otros gastos) al Senado, pretendiendo que había viajado como parte de sus funciones oficiales.
O participaba en actos electorales del Partido Conservador y cargaba los costes al Senado, lo que en un país que es el segundo más grande del mundo y que de punta a punta tiene casi 5.800 kilómetros, supone un considerable gasto en vuelos.
Julio César Rivas
