El líder opositor venezolano Leopoldo López, que fue acusado hoy formalmente por la Fiscalía de «tráfico de influencias», denunció ser víctima de una «persecución política» por parte del Gobierno, que había pedido en enero pasado que se actuará contra él.
La acusación, según explicó el Ministerio Público en un comunicado, está ligada a dos donaciones efectuadas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) el 11 de septiembre y el 23 de diciembre de 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia.
Por uno de esos casos López fue inhabilitado políticamente por la Contraloría en 2008, decisión recurrida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en septiembre de 2011 ordenó su anulación.
El Tribunal Supremo venezolano declaró posteriormente «no ejecutable» el fallo de la CorteIDH y López siguió siendo inelegible para cargo público.
La Fiscalía consideró hoy que en las donaciones de 1998 hubo una posible vulneración de lo establecido en el artículo referido a la prevaricación que plantea un delito «de dos a cuatro años» de prisión y citó para el 7 de marzo a Antonietta Mendoza de López, madre del líder opositor, para ser «imputada conforme con lo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano».
En unas declaraciones a los periodistas a su entrada a la Fiscalía, López agradeció los apoyos recibidos y acusó al Gobierno de «cobardía» por solicitar a la Fiscalía que se le persiguiera.
El mes pasado el vicepresidente Nicolás Maduro pidió públicamente a la Fiscalía que actuara contra López, al que responsabilizó de unos altercados en el occidente del país.
Posteriormente, López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, calificó esta acción como una «nueva arremetida» en su contra «producto del miedo del Gobierno» y del vicepresidente Maduro, y advirtió, en un comunicado, que buscan «asesinarlo moralmente» para sacarlo del juego político.
Alertó que el Gobierno «tiene muchas herramientas para perseguir como las instituciones, la violencia política en las calles» y apuntó que otra forma es «el asesinato moral» contra quienes piensan diferente.
López fue inhabilitado en 2008 por una de las donaciones de PDVSA y por un supuesto caso de desvío de fondos cuando era alcalde del municipio de Chacao para un periodo de seis años, que se cumpliría el año próximo.
En ambos casos la sanción fue realizada por la Contraloría, órgano facultado por la Constitución venezolano para hacerlo, aunque sin que se diera un fallo de la justicia, lo que para la Corte Interamericana supuso una vulneración de los derechos de López.
