Guatemala, 10 may (EFE).- La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, sobre quien ayer sábado un juzgado de turno emitió una orden de arraigo por su supuesta implicación en un caso de corrupción estatal, se encuentra en su casa, a expensas de lo que decida la Justicia.
El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó el sábado, instantes después de conocer que el Congreso de la República había verificado y aceptado por unanimidad la renuncia de Baldetti, una orden de arraigo contra ella a un tribunal de turno, que está a cargo del magistrado Roberto Manuel Ángel Flores Rivera.
El objetivo, según explicaron fuentes de la Fiscalía a Efe, es, «únicamente, garantizar su presencia en el país» para que la exvicemandataria, maestra, periodista y política esté presente ante cualquier diligencia que se efectué en su contra.
Por ello, detallaron, se le dio aviso a la Dirección General de Migración para que esté al tanto y verifique que la exvicepresidenta no salga de Guatemala.
«Es una medida cautelar que el MP tomó», agregaron las mismas fuentes, ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) constató, a través de las más de 66.000 sesiones de escuchas telefónicas de la investigación sobre el caso corruptivo «La Línea», que los apelativos «la dos», «la R» o «la señora» se referían a Baldetti.
La desmantelación de la estructura criminal, dedicada al fraude fiscal y aduanero en el país, estuvo a cargo del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a través de un proceso de pesquisas que empezó en mayo de 2014.
Por este caso, que aún continúa abierto, las autoridades arrestaron a 27 personas y otras dos son buscadas por la Justicia.
Los prófugos de la Justicia son el empresario guatemalteco Luis Mendizábal y el exsecretario privado de la exvicemandataria Juan Carlos Monzón, a quien los investigadores acusan de ser el cabecilla de la trama y que, según los últimos reportes, se encuentra en Honduras.
El portavoz de la Dirección General de Emigración, Fernando Lucero, corroboró a Efe que su departamento recibió la orden de arraigo el sábado a las 19.39 hora local (01.00 GMT del domingo).
Además, detalló que la obligación de esta instancia «no es verificar» que Baldetti esté en el país, sino introducir la orden en su sistema para emitir «una alerta a todos los puntos fronterizos» para que no huya de Guatemala.
Por su parte, el portavoz oficial de la Presidencia, Jorge Ortega, indicó a Efe que, a su juicio, la renuncia de Baldetti se produjo para «evitar un linchamiento político» y atenerse, directamente, a las consecuencias que determine el órgano judicial del país.
Cuestionado por si cree en la inocencia de la exvicemandataria, Ortega señaló que no puede emitir «un juicio de valores» al respecto y que los encargados de determinarlo son «los magistrados», de acuerdo con el transcurso del proceso correspondiente.
Ante esta baja en el Gobierno, el presidente Otto Pérez Molina tiene que cubrir la vacante, un hecho para el que presentará, el próximo martes, una terna ante el Congreso con el nombre de los tres posibles candidatos, y será este órgano el que decida entre el mejor postulante, con una mayoría de las dos terceras partes.
Preguntado por los nombres que se manejaron en los últimos días, como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la directora de la reforma policial, Adela Torreviarte, Ortega explicó que por ahora todos son rumores, que están empañando el proceso, ya que «no benefician a nadie: ni al Gobierno ni a la nación».
Ortega detalló que las normativas que establece la ley para ser vicepresidente es ser guatemalteco de nacimiento, tener más de 40 años y no tener «ninguna limitación con respecto a sus derechos».
La presión social, a través de diferentes protestas, fue el factor que, según expertos políticos, provocó la renuncia de la exvicepresidenta, y es el mismo sector que ahora exige la dimisión de Pérez Molina, por entender que es el principal defraudador del Estado.
A juicio de Ortega, estas manifestaciones, que expresan libremente su opinión, «se han desvirtuado» y ahora responden a diferentes «intereses políticos» que pretenden «hacer leña del árbol caído» y ganar votos «gratuitos» de cara a los comicios que se celebrarán el 6 de septiembre.
Preguntado por si el gobernante Partido Patriota está perdiendo fuelle, el portavoz sostuvo que todo equipo de Gobierno sufre «un desgaste natural» durante su ejercicio, un lance que, históricamente, está constatado ya que ningún partido repite mandato, apostilló.
Ortega zanjó la polémica suscitada ayer tras las declaraciones del ministro de Finanzas, Dorval Carías, quien aseguraba que Baldetti podía solicitar una indemnización si así lo requería.
«Cuando uno renuncia la ley dicta que no tiene derecho a pedir prestaciones», concluyó.
