La Procuraduría General de la República de Colombia anunció que solicitará a un juez que retire la investigación por las acusaciones de que el expresidente Álvaro Uribe sobornó a testigos para que declararan en su favor, señalando que las pruebas presentadas no constituían delito.
La decisión se considera un hito importante en el controvertido caso, que ha galvanizado al país y toca temas divisivos relacionados con el proceso de paz, pero los observadores aseguraron que la batalla legal aún no ha terminado.
“Aún queda mucho por resolver”, sostuvo el analista político colombiano Sergio Guzmán. “La realidad es que estamos más hacia el medio en este proceso. Y obviamente todo esto va a tener ramificaciones políticas en Colombia, incluida la credibilidad del sistema judicial”, agregó.
El caso surge de una denuncia que Uribe presentó contra el legislador opositor Iván Cepeda en 2012, alegando que el senador manipuló a testigos que afirmaban que el poderoso expresidente tenía vínculos con organizaciones paramilitares. Un magistrado de la Corte Suprema desestimó el caso y en su lugar abrió una investigación sobre si Uribe había intentado influir en los testigos mediante sobornos y beneficios legales.
El caso del expresidente toca las tensiones latentes en Colombia por la independencia del poder judicial y el histórico acuerdo de paz de 2016 para poner fin a décadas de conflicto con el grupo rebelde más grande del país. Los seguidores de Uribe le atribuyen haber cambiado el rumbo del sangriento conflicto civil de la nación, debilitando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta el punto de que optaron por negociar. El trato salva a la mayoría de los rebeldes que confiesan sus crímenes en cualquier momento de la cárcel.
El acuerdo sigue siendo un tema polarizador en Colombia, y muchos de los partidarios de Uribe afirman que ofrece demasiados beneficios a los ex rebeldes y que el ex presidente está siendo tratado injustamente. Uribe ha sido perseguido durante mucho tiempo por acusaciones de vínculos con paramilitares, que ha negado. No ha sido acusado en el caso.
“Gracias a Dios por este paso positivo”, escribió Uribe. “Gracias a tanta gente por sus oraciones y solidaridad”.
La Fiscalía General de la Nación manifestó en un comunicado de prensa que la conducta de Uribe y las pruebas presentadas “no tienen carácter de delito, y otras que sí, no se le pueden atribuir como autor ni como participante”.
La fiscalía presentará sus conclusiones y argumentos ante el juez encargado del caso, quien deberá decidir entonces si respalda o rechaza la recomendación. Cualquier decisión puede ser apelada.
Cepeda anunció de inmediato que emprendería acciones legales contra el fiscal que tomó la decisión de retirar el caso Uribe. Acusó a Gabriel Ramón Jaimes de actuar “de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe” y afirmó que sus conclusiones “son un espejo de los argumentos del imputado y su defensa”.
