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Familiares no tolerarán que se criminalice a estudiantes desaparecidos

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Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, hablan hoy, 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Tixtla, del estado de Guerrero. EFE
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, hablan hoy, 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Tixtla, del estado de Guerrero. EFE

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México aseguraron hoy que no van a consentir que el Gobierno levante falsas sospechas y criminalice a los jóvenes para tratar de bajar la presión social, que cada día crece sobre el Ejecutivo.

«Que sepa el Gobierno federal que no estamos tranquilos, mucho menos ahora que pretenden distraer la atención de este hecho», dijo a Efe Felipe de Jesús, familiar de uno de los desaparecidos, quien insistió que las familias de los jóvenes están dispuestas a llegar hasta el final para encontrarlos.
Según denuncian familiares y compañeros de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, gracias al acuerdo existente entre el Gobierno y el grupo de abogados que los está asistiendo, el colectivo Tlachinollan, han podido saber que una de las principales líneas de investigación de la fiscalía es que los jóvenes habrían apoyado al cártel de Los Rojos, rival del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los letrados han podido ver las declaraciones de algunas de las 52 personas que han sido detenidas por ese caso, quienes habrían declarado que la noche del 26 de septiembre los jóvenes estaban transportando en los autobuses, en los que se desplazaban, a miembros de Los Rojos y que por estos fueron atacados.
«Queremos desmentir el teatro que está formando el Gobierno federal para tratar de inculpar a los muchachos como delincuentes», dijo De Jesús, quien piensa que esto es un intento del Gobierno de «bajar el nivel de presión».
Según el fiscal general, Jesús Murillo, el 26 de septiembre policías locales dispararon contra los estudiantes de la Normal por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, operadores de Guerreros Unidos y hoy prófugos de la Justicia.
Esa noche murieron seis personas, incluidos tres alumnos de esta escuela dedicada a la formación de maestros y 43 más fueron detenidos por los policías y entregados a un miembro de Guerreros Unidos identificado como «Gil».
Los familiares se reunieron esta semana con el fiscal, quien les señaló el compromiso del Gobierno en buscar a los jóvenes pero, en ningún momento, contó De Jesús, «les dijo que se estuviese produciendo esta situación» (la línea de investigación inculpatoria) y «ni siquiera nos menciono en ningún momento lo que estaban declarando los criminales».
Los estudiantes hicieron esta denuncia en una rueda de prensa en la que pidieron «que se retomen las líneas de investigación que deben de ser y nos dejemos de esta situación», según dijo el portavoz de los jóvenes, Pedro David.
«De un momento a otro, pasamos de ser víctimas a culpables», añadió, y explicó que este «es un tema doloroso, es una ofensa a los familiares, hacia las mamás y de manera indirecta es una ofensa hacia la sociedad».
El joven leyó un manifiesto en el que exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que «escuche directamente la voz de los estudiantes y de los padres de Ayotzinapa».
Además, exigieron a la fiscalía que «reflexione en las líneas de investigación tomando en cuenta los indicios que los estudiantes estamos aportando».
En un acto público, el presidente mexicano se refirió a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre producida ayer y dijo hoy que apoyará de manera institucional a la persona que el Congreso de Guerrero elija como gobernador interino y trabajará para asegurar las condiciones de seguridad en esa región del país.
«Trabajaremos con su Administración para asegurar condiciones de orden, seguridad y desarrollo» en Guerrero, apuntó.
El mandatario exhortó a las autoridades de todos los niveles a «redoblar esfuerzos para acelerar el desarrollo y asegurar que el Estado de derecho impere» en el país, la ley se cumpla y se aplique «sin distinciones ni privilegios».
La salida de Aguirre del poder era una de las principales demandas de las familias de los 43 alumnos de la Normal, aunque no va a evitar que continúen con sus protestas, que podrían aumentar en los próximos días.
Por otro lado, continúan produciéndose manifestaciones de solidaridad con las familias de los desaparecidos por parte de instituciones internacionales como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), quienes expresaron hoy su «profunda preocupación y repudio».
En un comunicado conjunto, los organismos hicieron «votos» para que pronto se esclarezcan los hechos.
También figuras públicas se están sumando a la condena, como el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien expresó hoy su solidaridad a los familiares a través de las redes sociales.
«Mi solidaridad y oraciones para las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa #AyotzinapaSomosTodos», expuso el delantero del Real Madrid.

Tixtla (México), 24 oct (EFE).-

 

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