Toronto (Canadá), 6 feb (EFE).- En 12 meses, el suicidio asistido por doctores será legal en Canadá después de que el Tribunal Supremo del país dijese hoy que la prohibición actualmente en vigor es anticonstitucional porque niega «el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del individuo».
La decisión de la máxima autoridad jurídica de Canadá fue comunicada hoy en la sede del Tribunal Supremo en Ottawa e inmediatamente aplaudida por grupos en favor de la eutanasia, mientras que los opuestos a la medida expresaron su rechazo y preocupación por las repercusiones.
El Gobierno conservador del primer ministro canadiense, Stephen Harper, que se ha opuesto a cualquier medida que permita la asistencia médica al suicidio, se mantuvo en silencio durante horas.
Finalmente el ministro de Justicia, Peter MacKay, emitió un comunicado en el que señaló que «este es un tema delicado para muchos canadienses, con creencias muy arraigadas en ambos lados».
«Estudiaremos la decisión para asegurar que se escuchan todas las perspectivas de este difícil tema», añadió MacKay.
Aunque los nueve jueces del Tribunal Supremo declararon de forma unánime que la prohibición por la que los médicos no pueden ayudar a morir a pacientes terminales o que padecen «un sufrimiento intolerable» es anticonstitucional, también concedieron un plazo máximo de 12 meses para cambiar las leyes.
El Supremo, que en 1993 había declarado el suicidio asistido por médicos como ilegal, también dijo que los doctores no están obligados a ayudar a morir a sus pacientes y que los colegios profesionales tienen que regular la práctica.
El ministro de Justicia canadiense dio a entender que Ottawa no se apresurará en cambiar las leyes del país.
«Tenemos la intención de revisar detenidamente esta decisión tan importante», declaró MacKay a los medios de comunicación en el Parlamento.
El diputado conservador Steven Fletcher, que es tetrapléjico desde 1996 y ha roto la disciplina de su partido al declararse a favor de la legalización del suicidio asistido, recordó hoy que las encuestas señalan que el 85 % de la población apoya el fin de la prohibición.
Fletcher también expresó su temor a que el Gobierno de Harper decida utilizar la decisión del Supremo canadiense con fines electorales y no actúe para cambiar las leyes hasta la disolución del Parlamento.
«Si el deseo es que no sea un tema electoral, tendrá que ser resuelto en esta sesión del Parlamento», dijo Fletcher en una rueda de prensa tras la publicación de la decisión.
En el pasado, el Gobierno de Harper ha utilizado cuestiones conflictivas, como la obligatoriedad de un registro de las armas largas, a la que se oponían los grupos conservadores, para recaudar millones de dólares entre sus partidarios, algo que los que respaldan la eutanasia temen que se podría repetir.
Está previsto que Canadá celebre elecciones generales en octubre de este año y algunos analistas han señalado que un sector del gobernante Partido Conservador quiere que Harper utilice el poder de veto que la Constitución canadiense otorga al primer ministro para rechazar la decisión del Tribunal Supremo.
Harper protagonizó el año pasado un ataque sin precedentes en la historia del país contra el Tribunal Supremo después de que la institución declarase anticonstitucionales varias medidas adoptadas por el Gobierno.
La estrategia entonces de Harper y del sector duro del Partido Conservador fue intentar restar legitimidad democrática al Tribunal Supremo, táctica que hoy repitió uno de los grupos más afines a los conservadores.
El grupo REAL Women of Canada, que representa a mujeres conservadoras del país, declaró la decisión como «opresiva» y dijo que el Supremo «no parece para nada preocupado sobre la opinión del Parlamento democráticamente elegido, que supuestamente representa los puntos de vista de la población».
«La decisión del Tribunal Supremo de Canadá significa que todos los canadienses ahora son presa y vulnerables a los puntos de vista personales de nueve jueces asignados al Tribunal Supremo. Vivimos en una era problemática», añadió REAL.
Por su parte, los grupos en favor de la decisión dijeron que a partir de ahora los canadienses podrán tener la opción de decidir sobre su propia vida.
En su decisión, los jueces explicaron no estar «de acuerdo en que la formulación existencial del derecho a la vida requiere una absoluta prohibición a la muerte asistida o que los individuos no pueden ‘renunciar’ a su derecho a la vida».
«Esto crearía un ‘deber a vivir’ en vez de un ‘derecho a la vida’ y cuestionaría la legalidad de cualquier consentimiento a la retirada o negativa de tratamientos para salvar vidas o mantener la vida», añadió el Tribunal Supremo.
Julio César Rivas
