Caracas, 1 mar (EFE).- El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó hoy en primera discusión el llamado «proyecto de ley para la activación y fortalecimiento de la producción nacional» con el voto en contra de la bancada oficialista que calificó el documento como un intento de privatizar las empresas del país.
«Pueden imponer la mentira de hablar de privatización, pero lo cierto es que mientras se niegan a hacer nada, a corregir el modelo, nosotros estamos proponiendo fórmulas, porque nos interesa que el pueblo deje de sufrir», dijo el diputado opositor Enrique Márquez durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN).
Asimismo, el parlamentario opositor Freddy Superlano calificó a los chavistas de «hipócritas, egoístas y mentirosos» por supuestamente negar que existe «una crisis alimentaria en el país» y que más del 70 por ciento de los principales productos no se consiguen en los anaqueles de los comercios.
Por su parte, el diputado opositor Julio Borges, indicó que el proyecto de ley no habla de privatizar sino de reactivar las empresas que no están produciendo.
«El gobierno tiene 500 empresas de alimentos que no están produciendo en este momento, cuatro millones de hectáreas que no se están produciendo en alimentos, y esta ley lo que quiere es darle la oportunidad a que se genere trabajo venezolano, marcas venezolanas, productos venezolanos», dijo.
El legislador chavista Francisco Torrealba acusó a los opositores de «estar vendidos al Fondo Monetario Internacional» y de presentar una ley «con el disfraz de activación y fortalecimiento de la producción nacional simplemente para reprivatizar».
«La Asamblea Nacional no está para gobernar y nosotros nos aseguraremos de que ustedes no van a gobernar este país ni por esta ley ni por ninguna otra de las que aprueben que son parte de su conjunto de mentiras que quieren meterle aquí al país aprovechándose de la circunstancia de que son mayoría», dijo Torrealba.
Además, agregó que al igual que el resto de las leyes que ha aprobado la AN de mayoría opositora que se instaló en enero, esta norma se suma «al conjunto de textos que son violatorios de la Constitución».
«Sepan ustedes señores representantes de la mayoría de la derecha que estas leyes que ustedes están aprobando, si están como esta, al margen de la Constitución, no podrán ser aplicadas, los trabajadores y las trabajadoras acudiremos ante las instancias que sean necesarias para dejarlas sin efecto», advirtió.
Según datos de la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, desde 1998 hasta 2013 las empresas expropiadas reportadas dentro de los sectores que controla se elevaron a 1.190.
