Bogotá, 27 abr (EFE).- El presunto narcotraficante colombiano Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos», llegó hoy a Bogotá desde Manaos, en la Amazonía brasileña, tras ser extraditado por las autoridades de ese país, donde fue capturado en 2014.
El presunto narcotraficante llegó a la base militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de Bogotá.
«Marquitos» fue traído al país a bordo de un avión de la Policía colombiana que lo recogió en Manaos, donde miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijin), de la Fiscalía y de la Procuraduría verificaron su identidad en Manaos y lo trasladaron a Bogotá.
En la base de Catam, «Marquitos», que no estaba esposado, bajó del avión cojeando con ayuda de policías que luego le leyeron sus derechos y las acusaciones que pesan en su contra.
Una vez en tierra fue esposado y conducido hasta una camioneta blindada, escoltada por policías fuertemente armados.
Pese a la escolta, el detenido no tenía medidas de seguridad como chaleco antibalas, como es frecuente en algunos casos.
El presunto narcotraficante fue arrestado por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Boa Vista, capital del estado amazónico de Roraima, el 22 de octubre de 2014.
«Marquitos», líder de una organización criminal que operaba en los departamentos colombianos de Cesar y La Guajira, en la frontera norte con Venezuela, es investigado por cerca de 250 homicidios, entre ellos los de tres políticos, según informó el Tribunal Supremo de Brasil.
También está acusado en Colombia por delitos como narcotráfico, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Según las autoridades colombianas, Figueroa está vinculado con las muertes de los esposos Henry Ustariz Guerra (2008) y Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas (La Guajira), ocurrido en 2012, año en el que también fue asesinado el exdiputado Efraín Ovalle Oñate.
El Tribunal Supremo de Brasil aprobó en octubre del año pasado la extradición de «Marquitos», que está condicionada a un compromiso por parte del Gobierno colombiano de aplicarle una condena de hasta 30 años de cárcel, el máximo castigo que aplica el Código Penal en el país donde fue apresado.
