Washington, 2 feb (EFE).- Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela volvieron a tensarse hoy con el anuncio de Washington de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, poco después de que el mandatario Nicolás Maduro acusara al vicepresidente estadounidense, Joe Biden, de respaldar un plan para forzar su derrocamiento.
«Estamos enviando un claro mensaje a los que violan los derechos humanos, a aquellos que se aprovechan de la corrupción pública y a sus familias de que no son bienvenidos en Estados Unidos», afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, en un breve comunicado.
Psaki subrayó, además, que la corrupción «es uno de los elementos que contribuyen al rápido empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de Venezuela».
La decisión de Estados Unidos es fruto de un nuevo episodio de fricción entre ambos países después de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusara este fin de semana a Biden de estar detrás de un plan para derrocarlo.
Según Maduro, Biden aprovechó una cumbre sobre el tema energético del Caribe, celebrada en Washington la semana pasada, para comentar a los presidentes y primeros ministros asistentes el plan en marcha para derrocarlo.
La gran mayoría de los países caribeños forma parte del programa de suministro subsidiado de petróleo venezolano Petrocaribe y, debido a la reciente caída de los precios del crudo, algunos expertos han advertido de la posibilidad de que Venezuela recorte sus envíos.
La economía venezolana atraviesa, además, agudas dificultades, con un crecimiento negativo estimado del 7 % para 2015 , según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una inflación que se ha disparado a más del 50 %, como consecuencia del fuerte descenso en los ingresos fiscales procedentes de la venta de petróleo, el principal producto de exportación venezolano.
Tras las acusaciones de Maduro, inmediatamente Washington salió al paso y negó de manera categórica lo insinuado por el presidente venezolano.
«Hemos visto las informaciones de prensa sobre las acusaciones contra Estados Unidos por parte de funcionarios del Gobierno venezolano. Tal acusación es infundada y falsa», respondió hoy a Efe una portavoz del Departamento de Estado.
De acuerdo con esa portavoz, que pidió el anonimato, «el Gobierno venezolano debe centrarse en las quejas legítimas de su pueblo, que incluyen violaciones reiteradas de la libertad de expresión y de reunión, así como del debido proceso ante la ley».
Una vez más, Washington evitó revelar públicamente el número y las identidades de los afectados por las restricciones de viaje, con el argumento de cumplir con las leyes de confidencialidad sobre visas que rigen en EE.UU.
No es la primera vez que EE.UU. aplica sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano.
En julio pasado, el Gobierno ya había impuesto restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores a Maduro.
Poco después, a comienzos de diciembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso con sanciones contra funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos en ese país.
Esas sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.
Las tensiones entre los dos países se mantienen desde la llegada en 1999 al poder de Hugo Chávez, fallecido en 2013 y mentor de Maduro, quien apuntó en múltiples ocasiones a EE.UU. como responsable de diversos planes de desestabilización política en Venezuela.
Desde hace cuatro años, cuando retiraron sus embajadores respectivos, las legaciones diplomáticas de EE.UU. en Caracas y de Venezuela en Washington son dirigidas por encargados de negocios.
