Centenares de agentes despidieron hoy a Denilson Theodoro de Souza, custodio del alcalde de Río de Janeiro, cuya muerte, el domingo durante un asalto, eleva a 54 el número de policías asesinados en el estado en seis meses.
De Souza, teniente de Policía, de 49 años, murió a consecuencia de las heridas de bala que sufrió en la madrugada del domingo, cuando hombres armados abordaron el vehículo en el que viajaba supuestamente para robarle.
El agente no se encontraba de servicio en el momento del asalto y estaba acompañado por su cuñado, que sobrevivió y dio la voz de alarma.
El asalto se produjo en Pavuna, en el norte de Río de Janeiro, el mismo barrio donde pocas horas antes fue asesinada a tiros una médica de 34 años, en uno de los accesos de la llamada Línea Vermella, una de las vías habilitadas para agilizar el tráfico durante los Juegos Olímpicos que comenzarán en agosto.
Desde el pasado enero, según estimaciones oficiales, 224 policías han resultado heridos de bala en el estado de Río de Janeiro, de ellos 54 murieron y 76 fueron atacados en favelas supuestamente pacificadas.
El entierro de Souza coincidió con una jornada de movilización de la Policía del estado de Río de Janeiro en protesta por los recortes salariales y la escasez de medios para desarrollar su trabajo.
Los agentes distribuyeron un documento en el que denunciaron la falta de agua, de tinta e incluso de papel higiénico en las delegaciones.
En el aeropuerto internacional de Galeao, un grupo de policías desplegó una pancarta en la zona próxima al desembarque de pasajeros en la que denuncian las condiciones en que desarrollan su trabajo.
«Bienvenidos al infierno. Policías y bomberos no reciben su salario. Cualquier persona que venga a Río no estará segura», rezaba la pancarta.
Cientos de policías se manifestaron también en Río de Janeiro con carteles que denunciaban: «La prioridad de los policías es la población, la prioridad del Gobierno son las Olimpiadas».
Según sindicatos de policías, los recortes alcanzan al uso de patrullas y de helicópteros utilizados en tareas de seguridad.
El gobierno de Río de Janeiro declaró recientemente el estado de «calamidad pública» ante la imposibilidad de hacer frente al pago de los funcionarios y los compromisos contraídos en vísperas de las Olimpiadas. Río de Janeiro, 27 jun (EFE).-
