Los presidentes de la Amazonía, reunidos en la ciudad brasileña de Belém, se comprometieron a impulsar “una nueva agenda” de cooperación en el bioma, pero evitaron metas concretas de deforestación y se enzarzaron en relación a la explotación de combustibles fósiles.
En una extensa declaración de 113 puntos, los ocho países amazónicos establecieron una vaga hoja de ruta para garantizar la supervivencia de la selva, con medidas para la gestión del agua, la seguridad, la salud, las infraestructuras sostenibles y la promoción de los derechos humanos de los pueblos tradicionales.
La declaración fue el broche a la IV reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que contó con cuatro de los ocho mandatarios convocados: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), en calidad de anfitrión; Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Dina Boluarte (Perú).
«Estoy convencido de que la historia de la Amazonía será medida a partir de este encuentro. Que habrá un antes y un después», afirmó Lula durante su discurso en la sesión plenaria.
El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, aquejado por una otitis, canceló su participación a última hora y se unió así a las bajas de Guillermo Lasso (Ecuador), Chan Santokhi (Surinam) e Irfaan Ali (Guyana), cuyos países estuvieron representados por otros miembros de sus gabinetes.
Entre los puntos acordados, la cumbre «urgió» a las naciones más desarrolladas a cumplir con su compromiso de financiar el cuidado de la selva, adoptado en diversos foros globales y que se traduciría en el pago de 100.000 millones de dólares (unos 91.300 millones de euros al cambio de hoy) anuales en financiamiento climático.
Sin metas de deforestación concretas
Sin embargo, los ocho países amazónicos no consiguieron durante el encuentro, el primero de alto nivel desde 2009, establecer una meta conjunta para acabar con la deforestación, uno de los grandes males que asolan al mayor bosque tropical del planeta.
En su lugar, crearon una «alianza amazónica de combate» a la tala ilegal de árboles, pero dejaron libertad a los Estados para definir sus propias metas nacionales.
Brasil y Colombia ya se han comprometido a acabar la deforestación amazónica hasta 2030.
En 2022 la deforestación en toda la Amazonía alcanzó los casi 20.000 kilómetros cuadrados, un 21 % más frente a 2021, la cifra más alta desde 2004, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, con Brasil, Bolivia y Perú al frente de la estadística.
A vueltas con el petróleo
Otro de los asuntos que más expectativas generó es la explotación de petróleo en el ecosistema, que llevan a cabo algunos países como Brasil y Ecuador y que Colombia trabajó en esta cumbre para llegar a un acuerdo concreto.
Tan solo hubo una mención en el artículo 79, cuando los países se comprometieron apenas a «iniciar un diálogo sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la región amazónica».
El presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó los hidrocarburos en la sesión plenaria entre los puntos de «disenso» entre los socios de la OTCA.
En este sentido, criticó el «negacionismo» científico de algunos líderes progresistas que defienden la preservación del medioambiente y al mismo tiempo basan el crecimiento del país en el «capital fósil» con proyectos de «petróleo, gas y carbón».
Los comentarios de Petro fueron interpretados como una alusión a países como Brasil, que estudia un cuestionado proyecto petrolífero frente a la desembocadura del Amazonas; Ecuador, poseedora de una prolífica industria del crudo en la selva; o Surinam y Guyana, con grandes reservas.
Más tarde, el canciller brasileño, Mauro Vieira, aseguró que los países amazónicos no tienen «posiciones divergentes» sobre el petróleo, aunque aclaró que cada nación tiene su propio ritmo para alcanzar la descarbonización
Reforzar la seguridad
En la declaración también se recogen algunas medidas para intentar detener la expansión de las redes de narcotráfico, que han convertido la Amazonía en una ruta estratégica.
Entre ellas, «la creación del Centro de Cooperación Policial Internacional en la Amazonía, con sede en Manaos» (Brasil), que se encargará de coordinar «el intercambio de información, inteligencia y el desarrollo de investigaciones contra las «actividades ilícitas».
En este contexto, la presidenta peruana, Dina Boluarte, defendió formar una alianza «firme y clara» para frenar los delitos ambientales en la selva amazónica, en línea con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien apostó por una fuerza especial que combata la ilegalidad.
Petro fue un paso más allá y abogó por crear un «tribunal internacional ambiental» y una «OTAN amazónica», similar a la de los aliados del Tratado del Atlántico Norte, para combatir los ilícitos «con armas».
Este miércoles, los socios de la OTCA ampliarán las conversaciones a varios países invitados, entre ellos Indonesia, República del Congo y República Democrática del Congo, poseedores de grandes superficies de selva tropical, además de a representantes de Francia, Alemania y Noruega.
