La crisis en Canada Post escaló drásticamente el jueves, cuando el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales (CUPW) declaró una huelga nacional inmediata en rechazo a las reformas anunciadas por el gobierno federal, que incluyen el fin de la entrega de correo puerta a puerta y el cierre de oficinas postales en comunidades suburbanas y rurales.
El ministro de Obras Públicas, Joël Lightbound, justificó las medidas afirmando que la corporación estaba “efectivamente insolvente” y que no podía seguir dependiendo de rescates financieros del Estado. En los últimos siete años, Canada Post ha acumulado pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares y solo en el segundo trimestre de 2025 registró un déficit de 407 millones, la mayor pérdida trimestral en su historia.
Para Ottawa, el fin de la entrega domiciliaria supondría un ahorro de casi 400 millones de dólares al año, pero para el sindicato se trata de un “ataque directo al servicio público y a los derechos laborales”. CUPW advirtió que las medidas no solo destruirán empleos, sino que además degradarán el acceso al correo, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida y comunidades alejadas.
La huelga representa el segundo paro nacional en menos de un año y evidencia la creciente fractura entre el gobierno liberal de Justin Trudeau y el movimiento sindical. “Los liberales están quemando puentes con el movimiento obrero más rápido que un envío de Xpresspost”, ironizó Larry Savage, profesor de estudios laborales en la Universidad Brock, al señalar que Ottawa parece decidido a imponer las recomendaciones de la Comisión de Investigación Industrial sin respetar la negociación colectiva.
El gobierno asegura que seguirá ofreciendo mediación, pero la confianza entre las partes está rota. Para muchos trabajadores, Ottawa está utilizando la crisis financiera de Correos de Canadá como pretexto para forzar una reestructuración largamente buscada, sacrificando empleos y debilitando un servicio público esencial en beneficio de la competencia privada.
La disputa deja en el aire preguntas de fondo: ¿es viable un servicio postal autosuficiente en la era digital? ¿O el Estado debe garantizarlo como derecho ciudadano, aun cuando no sea rentable? La respuesta definirá no solo el futuro de Canada Post, sino también el alcance del compromiso del gobierno con los derechos laborales y los servicios públicos en todo el país.
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