Crímenes de lesa humanidad son cometidos por parte del Gobierno nicaragüense “como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática” contra parte de la población del país por motivos políticos, dijo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para el país centroamericano.
Al presentar su primer informe sobre la situación de Nicaragua, que fue hecho público el pasado 2 de marzo se debatió en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los expertos afirmaron que el “delito de lesa humanidad de persecución” es cometido “desde las más altas esferas del Gobierno”.
El régimen presidido por Daniel Ortega “instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales”, señaló Jan Simon, presidente del grupo de expertos, que completan el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago.
Aseguró que la impunidad que prevalece frente a estos crímenes “permitió el escalamiento de la violencia contra las personas opositoras”.
El informe documenta violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.
A la vista de estas violaciones contra personas opositoras al Gobierno de Nicaragua “o percibidas como tales”, el grupo de expertos urgió al régimen de Ortega a poner fin de inmediato a los abusos y asegurar la rendición de cuentas de los responsables de ellos, garantizando la justicia para las víctimas.
También piden la liberación de forma inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad e “implementar las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes” en Nicaragua.
Al presentar el informe, el presidente del grupo de expertos subrayó que no pudieron realizar investigaciones dentro de Nicaragua al no recibir permiso por parte de las autoridades, aunque sí llevaron a cabo cinco misiones a zonas cercanas a ese territorio.
El informe concluye que tras estos crímenes de lesa humanidad están tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales.
El grupo de expertos se creó a partir de una resolución aprobada en marzo de 2022 por el propio Consejo de Derechos Humanos para investigar y recabar pruebas de la crisis en Nicaragua originada tras las protestas ciudadanas de 2018.
Tras la intervención del presidente del grupo, tuvo turno de réplica la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, quien por mensaje de vídeo rechazó las conclusiones de los expertos, según ella elaboradas
con información “de sectores de la oposición que difunden situaciones y hechos subjetivos, desvirtuados y falsos”.
