Toronto (Canadá), 9 jun (EFE).- Los canadienses no pueden confiar en sus senadores, según un informe dado a conocer hoy por la Oficina del Auditor General de Canadá, que descubrió que 30 legisladores han utilizado dinero público para pagar por sus vacaciones, partidos de golf y reparaciones en sus viviendas.
El informe del auditor general de Canadá, Michael Ferguson, analizó 80.000 solicitudes de reembolso de 116 senadores y exsenadores de los dos últimos años, para llegar a la conclusión de que los legisladores se apropiaron de forma indebida de casi 1 millón de dólares canadienses (820.000 dólares estadounidenses).
En 9 de los 30 casos identificados por Ferguson como de abuso del sistema de compensaciones, el auditor general ha remitido el caso de los senadores a la Policía Montada para que investigue si se ha producido un delito.
En los otros 21 casos, los senadores pueden aceptar las conclusiones del auditor general y devolver el dinero reembolsado de forma inapropiada, o recurrir al proceso de arbitraje de disputas establecido por los propios senadores.
Se da la circunstancia de que los tres senadores que decidieron establecer un proceso de arbitraje en casos de irregularidades, en vez de sancionar directamente a los individuos identificados, están nombrados en la auditoría.
Los tres -el presidente del Senado, el conservador Leo Housakos; el líder del gubernamental Partido Conservador, Claude Carignan; y el líder de la oposición, el liberal James Cowan- cometieron irregularidades a la hora de reclamar el reembolso de gastos, según Ferguson.
El auditor dijo que las irregularidades son tan graves, que los senadores deberían dejar de controlar sus cuentas y ceder esa autoridad a un organismo independiente.
«Hemos descubierto que la supervisión, responsabilidad y transparencia de los gastos de los senadores simplemente no ha sido adecuada», señaló el informe.
Durante una rueda de prensa tras la presentación del informe, Ferguson señaló que una de las razones por las que ha referido varios senadores a la Policía Montada es porque son casos idénticos a los del senador conservador Mike Duffy, que en estos momentos está siendo juzgado por fraude.
Duffy cobró del erario alrededor de 90.000 dólares canadienses, unos 72.000 dólares estadounidenses, para pagar los costes de vivienda en Ottawa al aducir que su residencia principal se encontraba a centenares de kilómetros de distancia.
Pero posteriormente se descubrió que, desde hacía décadas, Duffy había fijado su residencia en la capital canadiense, por lo que no tenía derecho a la ayuda de vivienda del Senado.
El informe de la Oficina del Auditor General es un duro golpe a la imagen del Senado, una institución que desde hace décadas es una de las más denigradas del país y que, desde la llegada al poder en 2006 del primer ministro conservador, Stephen Harper, ha estado sacudida por sucesivos escándalos.
De acuerdo con la Constitución, los 105 senadores de la Cámara alta del Parlamento canadiense son designados por el primer ministro del país para representar las provincias y territorios que componen Canadá.
Desde que Harper llegó al poder, ha nombrado 59 senadores, en todos los casos conservadores.
Varios de ellos han sido políticos que fueron rechazados en las urnas como candidatos a diputados.
En otros casos, la única cualificación para obtener el cargo ha sido la relación personal con los barones del Partido Conservador.
Tres destacados senadores nombrados por Harper, entre ellos Duffy, ya han sido expulsados del Partido Conservador al descubrirse que abusaron del sistema de compensación de gastos del Senado.
Además, otro importante senador designado por Harper, Pierre-Hugues Boisvenu, encargado de temas de seguridad y orden público, abandonó el Partido Conservador el viernes al saberse que es uno de los nueve cuyas irregularidades son tan graves que la auditoría ha recomendado que sea investigado por la Policía.
Hoy, tras la publicación de la auditoría, el principal partido de la oposición, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), y que no cuenta con ningún senador, volvió a solicitar la abolición del Senado, un sentimiento que cada vez es más popular en el país.
El portavoz del NDP, el diputado Charlie Angus, recordó durante una rueda de prensa que el Senado es un cuerpo legislativo de personas que no son elegidas democráticamente, que no representan a la población sino a los partidos que los nombran, y que no tiene que dar cuentas a nadie, como señaló el auditor general en su informe.
«Necesitamos un cambio regenerativo para lidiar con el Senado», dijo Angus.
«El escándalo es que estamos lidiando con un organismo que no considera que tiene que rendir cuentas a los canadienses. El auditor ha señalado que los senadores tienen la profunda convicción que no deben explicaciones a los canadienses, que no les eligen y no les pueden despedir», explicó.
Por su parte, Harper se mantuvo en silencio tras la aparición del informe, tras limitarse a señalar la semana pasada que el Senado es «independiente».
