La Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de un informe que recomienda abrir un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusándolo de corrupción por negocios en empresas públicas.
El informe, que no es vinculante, fue aprobado por 104 de los 137 legisladores de Ecuador en un esperado rechazo al liderazgo de Lasso. Lasso, un exbanquero conservador, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional y se ha enfrentado repetidamente con legisladores, algunos de los cuales intentaron destituirlo en 2022.
El informe fue presentado el miércoles por una comisión de siete legisladores, en su mayoría opositores, que examinó las acusaciones de que cargos y contratos en empresas estatales ecuatorianas habían sido intercambiados por sobornos.
El informe concluyó que Lasso podría haber estado involucrado en posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, afirmaciones rechazadas por el gobierno.
El gobierno de Lasso calificó el informe como un «ataque a la razón» y dijo que sus hallazgos se basan en coincidencias y conjeturas.
Tras la decisión de los legisladores el sábado, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, explicó que la Asamblea aprobó «un informe vergonzoso… carente de validez legal y vinculante».
Para que se lleven a cabo las audiencias de juicio político, un legislador debe presentar evidencia acusatoria contra Lasso con el apoyo de otros 46 legisladores, y la corte constitucional debe aprobar el esfuerzo.
El movimiento político del expresidente Rafael Correa ha dicho uno si sus legisladores pudieran presentar la prueba.
Sofía Espín Reyes, diputada opositora que forma parte del movimiento de Correa, manifestó que la votación era «justicia para el pueblo» de Ecuador.
“Hay pruebas claras de delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado”, agregó en Twitter.
Hay otras opciones disponibles para eliminar a Lasso incluso si las audiencias de juicio político no pueden avanzar, dijeron los legisladores de la oposición.
“Guillermo Lasso Mendoza es un problema grave y hay muchas maneras de deshacerse de ese problema”, explicó el jueves la política opositora Mireya Pazmiño, y agregó que las protestas podrían presionarlo para que renuncie. «También tenemos las calles».
La semana pasada la organización indígena CONAIE pidió la renuncia de Lasso. Está planeando protestas el 8 de marzo.
