La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de fallar en contra del uso de poderes de emergencia para imponer aranceles marca un punto de inflexión en el debate sobre los límites del poder ejecutivo. El caso, vinculado a medidas adoptadas por Donald Trump durante su presidencia, trasciende la política comercial: es, ante todo, una discusión sobre separación de poderes y equilibrio institucional.
El argumento central de quienes defendían el uso de poderes de emergencia sostenía que la seguridad nacional justificaba la imposición unilateral de aranceles. Sin embargo, permitir que el Ejecutivo redefina de manera amplia qué constituye una “emergencia” abre la puerta a decisiones económicas de gran impacto sin el debido control legislativo. La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad principal sobre el comercio exterior. Diluir ese principio bajo interpretaciones expansivas del poder presidencial debilita el sistema de contrapesos.
No se trata de negar que existan circunstancias excepcionales que requieran acción rápida. El problema surge cuando la excepción amenaza con convertirse en norma. Los aranceles no son herramientas simbólicas; afectan cadenas de suministro, precios al consumidor, empleo industrial y relaciones diplomáticas. Tomar decisiones de esa magnitud bajo el paraguas de poderes extraordinarios reduce la deliberación democrática y concentra demasiado poder en una sola figura.
La decisión judicial también envía un mensaje a futuras administraciones, sin importar su signo político: los límites institucionales no son obstáculos partidistas, sino salvaguardas estructurales. En tiempos de polarización, reafirmar que el Ejecutivo no puede eludir al Congreso bajo argumentos amplios de emergencia fortalece la credibilidad del sistema democrático.
Desde una perspectiva crítica, este fallo no es una derrota para una persona, sino una victoria para el principio de legalidad. La política comercial debe debatirse y decidirse dentro de los marcos establecidos, con transparencia y rendición de cuentas. Si el poder se expande sin frenos claros, el costo no solo es económico, sino institucional. Y cuando se debilitan las instituciones, la estabilidad democrática entera entra en riesgo.
