RÍO DE JANEIRO — Una de las operaciones policiales más violentas en la historia reciente de Brasil dejó al menos 64 personas muertas este martes en varias favelas de la zona norte de Río de Janeiro. La redada, ejecutada por fuerzas especiales de la Policía Militar y la Policía Civil, tenía como objetivo capturar a líderes del crimen organizado vinculados al narcotráfico, pero terminó convirtiéndose en un baño de sangre que ha conmocionado al país y encendido el debate sobre el uso excesivo de la fuerza.
Según las autoridades, el operativo comenzó en la madrugada y se extendió por más de diez horas. Helicópteros, vehículos blindados y más de 400 agentes participaron en la incursión. Los enfrentamientos armados fueron intensos, y testigos reportaron escenas de pánico entre los habitantes, quienes quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.
El secretario de Seguridad Pública de Río, José Luiz Castro, defendió la acción señalando que se trató de una respuesta “necesaria y planificada” contra organizaciones que controlan el tráfico de drogas y las armas en la región. “Se trató de un enfrentamiento con grupos criminales fuertemente armados. Nuestros agentes actuaron con proporcionalidad”, declaró.
Sin embargo, organismos de derechos humanos, líderes comunitarios y figuras políticas han condenado lo ocurrido, calificando la operación como una masacre. “No se puede combatir la violencia con más violencia. Esto es una tragedia humana y un reflejo del fracaso del Estado en garantizar seguridad sin destruir vidas inocentes”, afirmó Renata Souza, diputada estatal y defensora de los derechos de las comunidades periféricas.
El Ministerio Público Federal anunció la apertura de una investigación para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. Mientras tanto, decenas de familias continúan buscando a sus desaparecidos en los hospitales y morgues de la ciudad.
Río de Janeiro ha sido escenario de múltiples operaciones de gran escala en los últimos años, pero pocas con un saldo tan devastador. Esta nueva tragedia reaviva el debate sobre la militarización de la seguridad pública, el racismo estructural y la falta de políticas sociales en las favelas, donde la violencia parece no tener fin.
La comunidad internacional también ha reaccionado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron una investigación independiente, advirtiendo que Brasil no puede normalizar este tipo de acciones como parte de su estrategia de seguridad.
Mientras la ciudad intenta volver a la calma, el eco de los disparos sigue resonando como símbolo de un país dividido entre la necesidad de combatir el crimen y el imperativo de respetar los derechos humanos.
