Toronto, Canadá. — El gobierno de Ontario anunció este lunes que retirará los cambios propuestos a las regulaciones de vivienda que habrían permitido a los propietarios desalojar con mayor facilidad a los inquilinos. La decisión llega tras una ola de críticas por parte de organizaciones sociales, grupos de inquilinos y partidos de oposición que advertían un posible aumento en los desalojos y la inseguridad habitacional.
La propuesta, presentada inicialmente como una medida para “modernizar” las leyes de arrendamiento, buscaba simplificar los procesos legales para los propietarios en casos de falta de pago o uso indebido del inmueble. Sin embargo, diversos sectores alertaron que la reforma podría debilitar las protecciones existentes para miles de familias en un contexto de aumento sostenido en los precios de la vivienda.
La ministra de Vivienda de Ontario, Paul Calandra, señaló en una rueda de prensa que el gobierno decidió “revisar y rediseñar” la iniciativa tras escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y los defensores del derecho a la vivienda. “Nuestro objetivo sigue siendo equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos, pero no a costa de la estabilidad de las familias”, afirmó.
De acuerdo con datos de la Asociación de Inquilinos de Toronto, los casos de desalojo han aumentado más del 20 % en los últimos dos años, impulsados por la crisis de asequibilidad y la falta de vivienda social.
El retroceso del gobierno ha sido recibido con alivio por parte de organizaciones comunitarias, aunque algunas advierten que el problema de fondo persiste: la falta de políticas efectivas para garantizar alquileres accesibles y estables.
“Celebramos que se haya detenido esta reforma, pero el sistema sigue siendo injusto para los hogares de bajos ingresos”, declaró Megan Thompson, vocera de la Red de Vivienda de Ontario.
Mientras tanto, el gobierno provincial se comprometió a convocar una nueva mesa de diálogo con representantes del sector inmobiliario y asociaciones de inquilinos para buscar una reforma más equilibrada que responda a la creciente crisis habitacional en la provincia.
