La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles más altos a Canadá y exija concesiones extraordinarias no debe analizarse como un simple desacuerdo comercial, sino como un movimiento de alto riesgo con profundas implicaciones políticas y económicas. En un contexto global ya marcado por tensiones geopolíticas y cadenas de suministro frágiles, recurrir a la presión arancelaria como herramienta de negociación podría resultar contraproducente para toda la región.
El comercio entre ambos países no es marginal ni accesorio; constituye uno de los mayores flujos bilaterales del mundo. Millones de empleos dependen de esta interdependencia, especialmente en sectores como la automoción, la energía y la agricultura. El marco jurídico que regula esta relación, el T-MEC, fue diseñado precisamente para evitar escaladas unilaterales y ofrecer mecanismos de resolución de disputas. Ignorar ese espíritu cooperativo en favor de una lógica de imposición erosiona la confianza que sustenta el acuerdo.
Desde una perspectiva crítica, la amenaza de aranceles más altos suele presentarse como una defensa de la industria nacional. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas medidas encarecen insumos, afectan a consumidores y generan represalias. Canadá no carece de instrumentos para responder, y una guerra comercial regional podría perjudicar tanto a exportadores estadounidenses como a productores canadienses.
Más preocupante aún es el concepto de “concesiones impensables”. En términos diplomáticos, exigir concesiones bajo presión puede tensar la relación entre aliados históricos que comparten no solo comercio, sino seguridad, infraestructura energética y coordinación estratégica. La estabilidad de Norteamérica se ha basado durante décadas en reglas previsibles y negociación institucionalizada, no en ultimátums.
Si bien es legítimo que cualquier gobierno defienda sus intereses económicos, hacerlo mediante la amenaza constante puede debilitar la arquitectura que sostiene el crecimiento regional. Una estrategia de fuerza puede producir réditos políticos a corto plazo, pero el costo estructural —pérdida de confianza, incertidumbre empresarial y fragmentación del mercado norteamericano— podría ser mucho más elevado y duradero que cualquier ventaja coyuntural.
