CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun – El gobierno de Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Las solicitudes, planteadas al menos tres veces por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra la narcotráfico, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto.
En sus discusiones, los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos del propio partido Morena de Sheinbaum y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas, dijeron dos de las fuentes.
Las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y mexicanos no habían sido reportadas previamente.
El miércoles, la Cancillería de México dijo que no es cierto que Estados Unidos haya solicitado que se investigue a algún funcionario.
«Es absolutamente falso que en las reuniones con el secretario Rubio o su equipo en el Departamento de Estado, se hayan hecho solicitudes para investigar, procesar o extraditar a algún funcionario mexicano», decía la publicación en X.
Gobernador de baja california
La agencia de noticias Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra. tampoco pudo confirmar de forma independiente si alguna de las personas señaladas por Estados Unidos había cometido algún delito.
Dos fuentes dijeron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ávila dijo que su gobierno había combatido el crimen organizado y había logrado reducir las tasas de homicidios.
«Afirmo categóricamente que es totalmente falsa cualquier información que pretenda vincularme con algún grupo del crimen organizado», afirmó Ávila.
La Presidencia de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional tampoco respondieron a las preguntas de Reuters.
Riesgo político
La administración del presidente Donald Trump ha justificado sus declaraciones de aranceles a México, abre una nueva pestañasobre la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno.
Una ofensiva —que podría afectar a altos funcionarios electos mientras ejercen el cargo— marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a una agencia de noticias un miembro de su gabinete de seguridad.
Estados Unidos planteó la solicitud por primera vez en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la reunión, indicaron las cuatro personas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.
México envió a 29 miembros de cárteles a Estados Unidos a finales de febrero —la mayor entrega de este tipo en años— tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. También se discutió la posibilidad de agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI, según dos fuentes.
Como parte de las discusiones, dijeron dos de las personas familiarizadas con el asunto, funcionarios estadounidenses plantearon la idea de nombrar a un zar del fentanilo en Estados Unidos para que se comunique directamente con Sheinbaum sobre el progreso para combatir el opioide sintético mortal.
Washington también presionó a México para que realice inspecciones más exhaustivas de los cargamentos de drogas y de los viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países.
Aunque la Fiscalía Federal de México es independiente de la administración de Sheinbaum según la constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles.
Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales son inmunes al procesamiento por la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves como tráfico de drogas o crimen organizado si lo autoriza el Congreso de México.
