¿Qué significa ser canadiense? ¿Qué tipo de Canadá queremos? Si ha sintonizado la cobertura de las elecciones últimamente, sabrá que estas no son preguntas ociosas. Están siendo intensamente debatidas por los dirigentes de nuestros partidos federales debido a una nueva ley que cambia fundamentalmente las respuestas a esas preguntas.
El proyecto de ley C-24 entró en vigencia a principios de este año, y convirtió a millones de canadienses nacidos en el extranjero (o cuyos padres o abuelos nacieron en el extranjero) en ciudadanos de segunda clase.
De la forma en que se ha escrito esta ley, cualquier persona que haya obtenido recientemente la ciudadanía podría perderla si se traslada al extranjero por motivos familiares, de trabajo o de estudio. Cuidar a un familiar enfermo en el extranjero, trasladarse a otro país para casarse con su pareja o estudiar en una universidad extranjera de prestigio podría dejar a alguien en una posición legalmente vulnerable a la revocación de su ciudadanía.
Esto se debe a que los nuevos canadienses ahora deben prometer que tienen la intención de vivir en Canadá. Si se mudan, el gobierno podría decidir que han incumplido su promesa y que mintieron acerca de sus intenciones cuando se convirtieron en ciudadanos. Ahora, una joven cuya familia es nueva en Canadá quizá deba pensar dos veces antes de aceptar la beca completa para estudiar en Harvard, ya que podría significar que pone en riesgo su pasaporte canadiense. Su competidor nacido en Canadá, sin embargo, no debe preocuparse. Las personas nacidas aquí no temen perder su ciudadanía si se mudan. Los representantes del Gobierno han afirmado que en realidad no tienen la intención de utilizar la nueva ley para sancionar a los nuevos canadienses de esta manera; sin embargo, se negaron a eliminar esas secciones del proyecto de ley. En cambio, han creado deliberadamente un régimen de ciudadanía de dos niveles.
Como si esto fuera poco, esta nueva ley también penaliza a los nuevos canadienses y a sus familias de otras maneras. Eso se debe a que el Gobierno federal decidió que puede, en algunos casos, revocar la ciudadanía canadiense de cualquier persona que posea otro pasaporte (o cualquier persona que el Gobierno federal considere que incluso es elegible para uno), ya sea que hayan nacido en Canadá o en el extranjero.
Muchos canadienses nacidos y criados en este país que tienen derecho a la ciudadanía extranjera a través de sus padres, abuelos o cónyuge, o debido al derecho de regresar a su patria ancestral, de repente son vulnerables. Algunos canadienses tienen ahora menos derechos que otros canadienses, simplemente debido a su nacionalidad o la de sus familiares. Conforme a la nueva legislación, las personas condenadas por ciertos delitos graves en Canadá o condenadas por esos delitos en el extranjero (incluidos los países que no se rigen por los principios de juicio justo ni estado de derecho) podrían perder su ciudadanía. Las dictaduras suelen acusar a los activistas de derechos humanos y periodistas de delitos de terrorismo para silenciarlos y castigarlos. La ley canadiense ahora penaliza a estas personas al poner en riesgo su ciudadanía canadiense.
Pero incluso en los casos en que las personas han actuado legítimamente mal, el argumento de que el Proyecto de ley C-24 nos brinda mayor seguridad no resiste un análisis riguroso. De hecho, es peligrosamente errado. Se lidia mejor con las personas que constituyen una amenaza legítima a través del sistema de justicia penal, mediante el cual son encarcelados y aislados de la sociedad. Lejos de eliminar la amenaza, la antigua práctica de expulsión solo la reemplaza. A lo sumo, al expulsar a un delincuente peligroso, estamos delegando nuestros problemas a otras naciones. En el peor caso, podríamos estar enviando un delincuente peligroso a un país que es hostil a Canadá y carece del estado de derecho. Esto, sin duda, nos hace menos seguros.
En la práctica, estos aspectos de la nueva ley afectarán de manera desproporcionada a minorías canadienses visibles, que han llegado a Canadá en gran número hace solo una o dos generaciones. Al promocionar el trato desigual de los canadienses, la ley es discriminatoria y viola la Carta. La BC Civil Liberties Association (Asociación de Libertades Civiles de British Columbia) y la Canadian Association of Refugee Lawyers (Asociación Canadiense de Abogados Refugiados) han presentado un recurso de inconstitucionalidad, ya que viola los derechos humanos fundamentales que se nos garantizan a todos los ciudadanos en virtud de la Carta de Derechos y Libertades; y porque creemos que es un error fundamental tratar a algunos canadienses como si fueran de segunda clase.
Otras secciones del proyecto de ley son igualmente problemáticas, pero lamentablemente contamos con pocos recursos para impugnarlas en los tribunales. Canadá siempre ha sido un país de inmigrantes. El proyecto de ley C-24 cambiará eso, ya que será más difícil para los inmigrantes obtener la ciudadanía porque prolongará el tiempo que esta demora, aumentará los costos, agregará barreras para los inmigrantes más jóvenes y los mayores, y eliminará la posibilidad de apelación. El tiempo transcurrido en Canadá como estudiante, trabajador temporal, cuidador residente o refugiado ya no contará para la ciudadanía. La tarifa de solicitud se ha triplicado, además de un costos proceso de prueba de idioma que ahora se exige a inmigrantes desde los 14 años hasta los 64 (anteriormente, solo debían realizar esta prueba adultos de 18 a 55 años).
Canadá solía tener uno de los índices de naturalización más altos del mundo. Los altos índices de naturalización se asocian con mayores tasas de empleo y una mayor integración, resultados que benefician a todos. Esto cambiará con el proyecto de ley C-24.
Los inmigrantes construyeron nuestro país, y deberíamos seguir recibiéndolos. Creemos que todos debemos ser tratados de la misma manera ante la ley. No importa de qué color es nuestra piel o de qué país provienen nuestras familias. Pero con el Proyecto de ley C-24, el Gobierno está diciendo a millones de canadienses que son, de alguna manera, menos canadienses que otros; que a pesar de haber construido este país y de haber convertido Canadá en su hogar, en realidad no pertenecen aquí.
Eso está mal, y nos denigra a todos. Es por eso que estamos luchando contra este proyecto de ley. Estamos luchando por el Canadá que queremos ser, y el Canadá que, hasta ahora, siempre hemos sido, en la que cada canadiense es tratado por igual ante la ley.
Por: Josh Paterson, director ejecutivo de la BC Civil Liberties Association
Mitchell Goldberg, presidente de la President, Canadian Association of Refugee Lawyers
