La reciente detención de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público vinculada a sus relaciones con Jeffrey Epstein, marca un momento simbólico y profundamente incómodo para la monarquía británica. No se trata únicamente de un episodio judicial más, sino de un golpe directo a la credibilidad de una institución que históricamente ha defendido la idea de deber, honor y servicio público.
Durante años, las revelaciones sobre los vínculos entre Andrés y Epstein alimentaron la sospecha pública. La imagen de cercanía con un hombre condenado por delitos sexuales graves nunca dejó de proyectar una sombra difícil de disipar. Aunque el ex príncipe ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades, la percepción pública se deterioró hasta el punto de forzar su retirada de la vida oficial. Ahora, la investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas reabre una herida que parecía apenas contenida.
Este caso obliga a reflexionar sobre la relación entre poder y responsabilidad. La figura de Andrés no es la de un funcionario cualquiera; fue representante comercial del Reino Unido y miembro activo de la familia real durante décadas. Si se confirma que utilizó su posición de forma inapropiada o que compartió información privilegiada, la gravedad del asunto no radicaría solo en el acto en sí, sino en el abuso de confianza institucional.
La monarquía británica ha sobrevivido a crisis anteriores, pero cada nuevo escándalo erosiona su legitimidad en una sociedad cada vez menos dispuesta a aceptar privilegios sin rendición de cuentas. Más allá del desenlace judicial, este episodio refuerza una idea incómoda: ningún linaje debería situar a nadie por encima del escrutinio público. Si la justicia avanza con independencia y transparencia, será una señal saludable. Si no, el daño a la institución podría ser más profundo y duradero que cualquier sentencia.
