OTTAWA, Canadá. – La decisión del gobierno federal canadiense de imponer un tope temporal a la emisión de permisos de estudio para estudiantes internacionales ha comenzado a mostrar sus primeros efectos en el mercado inmobiliario, pero ha disparado las alarmas sobre la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior del país.
El objetivo principal de la medida, que reducirá la entrada de nuevos estudiantes en un 35% a nivel nacional, era aliviar la crisis de la vivienda al reducir la demanda de un segmento clave de la población. Datos preliminares sugieren que, en mercados sobrecalentados como Toronto y Vancouver, la tasa de crecimiento de los alquileres ha comenzado a desacelerarse e incluso a registrar ligeras caídas marginales, cumpliendo parcialmente el mandato del gobierno de ofrecer un «alivio» habitacional.
El Shock Financiero en el Sector Académico
Sin embargo, el costo de este alivio recae directamente sobre el sector académico. Las universidades y colleges canadienses, particularmente en Ontario y Columbia Británica, han pasado a depender de manera crítica de las matrículas internacionales, que son significativamente más altas que las tasas domésticas, para financiar sus presupuestos operativos.
La imposición del tope supone un shock de ingresos masivo. Los expertos estiman que la reducción de estudiantes podría significar la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos de matrícula. Para muchas instituciones, especialmente colleges privados que crecieron exponencialmente basándose en este modelo de negocio, esto podría significar:
Recortes de Programas: Cancelación de cursos y programas que dependían de la demanda internacional.
Pérdida de Empleos: Despidos de personal docente y administrativo.
Cuestionamiento de la Viabilidad: El riesgo de colapso financiero para las instituciones con menor respaldo estatal.
El tope expone una debilidad estructural: el gobierno canadiense ha utilizado a los estudiantes internacionales no solo como fuente de inmigración sino como un mecanismo de financiación para su sistema de educación. Ahora, el país se enfrenta a la difícil tarea de resolver la crisis de la vivienda sin desmantelar el motor económico y educativo que tanto ha confiado en los fondos extranjeros.
