La Corte Suprema de Canadá se prepara para revisar el polémico caso del escándalo de WE Charity, una de las mayores controversias políticas de la era del ex primer ministro Justin Trudeau, en un proceso que podría redefinir los límites legales entre el poder ejecutivo, los conflictos de interés y la rendición de cuentas pública.
El caso se centra en la decisión del gobierno liberal de otorgar a WE Charity un contrato multimillonario para administrar un programa estudiantil durante la pandemia, pese a los vínculos personales y financieros entre la organización y la familia Trudeau, así como con otros altos funcionarios. La revelación de esos lazos provocó una tormenta política, investigaciones parlamentarias y la posterior renuncia de altos cargos, además de un profundo deterioro de la confianza pública.
Ahora, el máximo tribunal analizará aspectos clave relacionados con la responsabilidad del Estado, la transparencia en la adjudicación de contratos y el alcance de la supervisión judicial sobre decisiones del gabinete. Expertos legales señalan que el fallo podría sentar precedentes sobre hasta dónde pueden llegar los tribunales para examinar actos del Ejecutivo, especialmente cuando hay sospechas de favoritismo o uso indebido de influencia.
Más allá de Trudeau, el caso pone bajo la lupa una cultura política que normalizó la cercanía entre poder, élites y organizaciones “amigas”, amparada muchas veces en tecnicismos legales. La Corte deberá decidir si ese tipo de relaciones, aunque no siempre ilegales, violan el espíritu de la ley y los principios de buen gobierno.
Para la oposición, esta revisión judicial es una oportunidad para reabrir heridas que el Partido Liberal intentó cerrar rápidamente y para demostrar que el escándalo no fue solo un error administrativo, sino un síntoma de un problema más profundo de gobernanza. Para los liberales, en cambio, representa un riesgo político latente en un contexto donde la credibilidad institucional ya está debilitada.
Si la Corte Suprema decide ampliar los criterios de control judicial, Canadá podría entrar en una nueva etapa de mayor escrutinio legal sobre las decisiones políticas, limitando la discrecionalidad del gobierno en la asignación de recursos públicos. Eso, para algunos, fortalecería la democracia; para otros, podría judicializar la política.
Lo que está claro es que el caso WE Charity ya no es solo un capítulo incómodo del pasado de Trudeau. Es una prueba de estrés para el sistema canadiense de ética, transparencia y responsabilidad, y su desenlace podría cambiar las reglas del juego para futuros gobiernos.
