BOGOTÁ, 22 jun – El Ejército de Colombia dijo el domingo que 57 soldados fueron secuestrados por civiles que actuaban bajo presión de disidentes de las FARC en una zona montañosa del suroeste del país.
La región, cercana a El Plateado en el departamento del Cauca, es una zona clave para la producción de cocaína y sigue siendo una de las más tensas en el conflicto actual del país.
El Ejército de Colombia ha denunciado este domingo que al menos 57 militares han sido secuestrados por civiles bajo presión de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC este fin de semana en una zona montañosa en el convulso departamento del Cauca.
Un grupo de uniformados sufrió una asonada el sábado en la zona rural del municipio de El Tambo, mientras que otro grupo fue interceptado y rodeado por unas 200 personas este domingo en la misma región. “Como resultado de ambos hechos, en total, cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad en contra de su voluntad”, detalló en un comunicado. El presidente Gustavo Petro ha pedido su liberación.
“Le solicito al campesinado de La Hacienda, El Tambo, Cauca, dejar de creer en actores armados que obedecen extranjeros”, escribió el mandatario en un mensaje en X, su canal de comunicación predilecto. En el pasado se ha referido a los grupos que operan en la zona como un ejército privado de los carteles mexicanos.
“El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas. Los violentos quieren que golpeemos al pueblo, para tener la excusa de generalizar el conflicto, nosotros queremos generalizar la paz, pero liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo”, añadió en su interpretación del episodio, sin llegar a calificar la retención de los uniformados.
Petro se hacía eco de un mensaje de su ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien condenó y rechazó la retención de los 57 militares, un crimen que atribuyó “a la estructura criminal Carlos Patiño, del cartel de alias ‘Mordisco’”, en referencia a las facciones disidentes que operan en el Cauca.
“Mediante amenazas e intimidación, lograron instrumentalizar a cerca de 200 personas. Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima del Estado en el Cañón del Micay”, detalló el primer militar en ocupar el cargo desde la Constitución de 1991.
“Esto no es solo un secuestro. Es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia”, abundó el ministro de Defensa.
“Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado”, aseguró. En un mensaje anterior había enfatizado que la Constitución es clara al respecto: “Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro así lo intenten maquillar”.
En el mismo sentido se expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, que acusó a los criminales de instrumentalizar a las comunidades campesinas, aunque descartó de momento un rescate militar. “Lo que enfrentamos es una estrategia criminal: las disidencias usan a la población civil como escudo humano para secuestrar a nuestros militares”.
En marzo, 28 policías y un militar ya habían sido secuestrados en El Plateado, en la misma región, cuando ayudaban a repeler una asonada de pobladores contra el Ejército. Entonces fueron dejados en libertad dos días después de ser retenidos, y el ministro Sánchez responsabilizó también al frente Carlos Patiño. El Ejército puso en marcha desde el pasado octubre la Operación Perseo, con más de mil soldados, para retomar el control de la zona.
En el Cauca, un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, opera un archipiélago de grupos armados ilegales entre los que se sobresalen las disidencias encabezadas por Iván Mordisco, agrupadas en el llamado Estado Mayor Central (EMC).
Esas estructuras perpetran atentados con regularidad, en los que incluso han utilizado drones con cargas explosivas. Es una amenaza constante, agravada por el agresivo reclutamiento forzado de menores. Y todo en medio de una geografía quebrada, con dos cordilleras separadas por el río Cauca, que le hace costoso y difícil al Estado hacer presencia permanente. “La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes”, ordenó a los militares el presidente Petro el año pasado, cuando Mordisco se retiró de las negociaciones que sostenía con el Gobierno en el marco de la política de paz total.
La Defensoría del Pueblo también hizo este domingo un llamado urgente para la liberación de los militares. “No hay justificación para usar a civiles –miembros de la comunidad– para ejecutar privaciones de la libertad, que son delitos bajo la ley penal”, explicó la entidad encargada de defender los derechos humanos.
“La responsabilidad inclusive penal de quienes participan en los hechos, especialmente de los civiles, debe ser examinada caso a caso”, recordó. “Reiteramos nuestra disposición humanitaria para mediar, acompañar y facilitar canales de diálogo que permitan la entrega de los uniformados y proteger la vida e integridad de todas las personas involucradas”.
