WASHINGTON, 1 ago – El Departamento de Estado de Estados Unidos planea gastar hasta 7,85 millones de dólares para ayudar a Costa Rica a deportar inmigrantes, según un documento visto por Reuters, bajo un acuerdo similar a un programa de la era Biden que generó críticas de los defensores de los migrantes.
Según el documento, el Departamento de Estado transferirá dinero de su «fondo de apoyo económico», que suele utilizarse para impulsar el desarrollo económico en países aliados, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de supervisar la aplicación de las leyes migratorias. El DHS colaborará con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones desde el país centroamericano.
A principios de año, Costa Rica accedió a una solicitud de la administración Trump para aceptar a 200 inmigrantes originarios de África, Asia y Europa que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Si bien el plan era que Costa Rica los enviara de regreso a sus países de origen, decenas permanecen en el país centroamericano.
Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Estado sugirió que los nuevos fondos estaban destinados principalmente a ayudar a Costa Rica a deportar a los inmigrantes que pasan por el país en camino a los EE. UU., en lugar de repatriar a aquellos inmigrantes deportados de los Estados Unidos.
«El programa fortalecerá la capacidad de las autoridades migratorias costarricenses para detener el flujo migratorio ilegal a través de sus fronteras, al tiempo que brindará capacitación y recursos sobre la evaluación de solicitudes de asilo», dijo un portavoz.
Si bien el documento brindó detalles de la transferencia de dinero planificada, no estaba claro cuándo se realizará el esfuerzo de deportación o si podría estar sujeto a cambios.
Según el documento, el acuerdo con Costa Rica se basa «en parte» en un acuerdo firmado en 2024 entre la administración del expresidente estadounidense Joe Biden y Panamá, en virtud del cual Estados Unidos pagó para que Panamá detuviera y deportara a los migrantes que transitaban por el país mientras viajaban de Colombia a Estados Unidos.
Algunos defensores de los inmigrantes y demócratas electos dijeron en ese momento que el acuerdo esencialmente podría impedir que las poblaciones vulnerables tengan acceso al sistema de asilo de Estados Unidos.
“El Departamento pretende apoyar al Gobierno de Costa Rica en la realización de operativos de deportación de migrantes que no cuentan con protección internacional ni otras bases legales para permanecer en el país”, señala el documento, que fue enviado en las últimas semanas a algunas oficinas del Congreso.
“Las actividades brindarían a Costa Rica asesoría técnica y apoyo logístico, incluido transporte aéreo, para los procedimientos de deportación”.
Los ministerios de Seguridad Pública y Migración de Costa Rica remitieron las preguntas a la presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna entidad respondió a las solicitudes de comentarios.
Nuevos arreglos para la deportación
Desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero, su administración ha recurrido a una serie de acuerdos novedosos para facilitar las deportaciones desde Estados Unidos.
Estos han incluido acuerdos con otros países, como Costa Rica, para aceptar inmigrantes sin documentos en Estados Unidos, independientemente de si tienen algún vínculo con los países a los que son enviados. Algunos de los países que aceptan deportados tienen instituciones deficientes o un historial deficiente en materia de derechos humanos, lo que genera preocupaciones de seguridad.
Si bien el acuerdo descrito en el documento es similar al acuerdo de 2024 de la administración Biden con Panamá, existen diferencias entre la situación en Costa Rica ahora y en Panamá en 2024.
La migración hacia el norte a través del Tapón del Darién, desde Colombia hasta Panamá y luego hasta Costa Rica y los EE. UU., se ha desacelerado drásticamente.
Al mismo tiempo, algunos migrantes venezolanos han estado transitando por Costa Rica en un viaje hacia el sur , después de renunciar a ingresar a Estados Unidos en medio de la ofensiva de Trump contra la migración ilegal y su eliminación de los programas de libertad condicional humanitaria de Biden.
El documento no especificó a qué países Costa Rica deportaría a los migrantes, dejando abierta la posibilidad de que algunos sean enviados a un tercer país.
No estaba claro si la administración Trump planea establecer programas similares para financiar las deportaciones de otras naciones latinoamericanas.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha viajado a varios países latinoamericanos en los últimos meses para discutir temas de inmigración, incluidos Costa Rica, Panamá, El Salvador y Chile.
