RÍO DE JANEIRO— El destino del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pendía de un hilo el martes cuando estaba a punto de comenzar la fase de veredicto y sentencia de su juicio por presuntamente liderar una conspiración para permanecer en el poder.
Un panel de la Corte Suprema programó sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si el exlíder de extrema derecha es culpable de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por poco ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva .
Bolsonaro, quien niega haber cometido ningún delito, fue acusado de cinco cargos relacionados con el intento de golpe de Estado. Se encuentra bajo arresto domiciliario y ha reiterado que el juicio tiene motivaciones políticas.
Ese argumento tuvo éxito con el presidente Donald Trump, quien vinculó directamente un arancel del 50% a las importaciones de productos brasileños con la situación judicial de su aliado. Trump ha calificado el proceso de «cacería de brujas» contra un oponente político, lo que ha provocado reacciones nacionalistas en muchos políticos brasileños.
Un veredicto de culpabilidad sólo por el cargo de complot de golpe conlleva una pena de hasta 12 años.
Otros siete aliados cercanos de Bolsonaro están siendo juzgados junto al expresidente, entre ellos su excompañero de fórmula y ministro de Defensa, Walter Braga Netto , y el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira.
El máximo tribunal electoral de Brasil ya le ha prohibido a Bolsonaro presentarse a las elecciones hasta 2030 por abuso de poder durante el cargo y por arrojar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.
Una investigación de la policía federal dijo que los esfuerzos para difundir noticias falsas sobre el sistema electoral de Brasil eran parte de un plan multifacético para mantener a Bolsonaro en el cargo.
Parte de esa conspiración incluía un plan para asesinar a Lula y a un juez de la Corte Suprema , según la fiscalía. También afirma que el motín del 8 de enero , cuando partidarios de Bolsonaro saquearon importantes edificios gubernamentales una semana después de la toma de posesión de Lula, fue un intento de forzar una intervención militar y derrocar al nuevo presidente.La fiscalía terminó de presentar su caso en julio y la defensa concluyó sus argumentos a mediados de agosto.
Poco después, la policía acusó a Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción a la justicia en un caso aparte. Afirmaron que el expresidente quiso huir a Argentina y solicitar asilo político.
Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos a principios de este año a pesar de ocupar un escaño en el Congreso brasileño y ha solicitado sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso de su padre. El gobierno de Trump impuso dichas medidas a finales de julio.
Las autoridades consideran que Bolsonaro representa un riesgo de fuga. En el período previo al veredicto y la sentencia, el Tribunal Supremo ordenó medidas de seguridad adicionales. El sábado, De Moraes autorizó la inspección de vehículos que salían de la residencia de Bolsonaro y ordenó la vigilancia presencial de los alrededores de su domicilio.
Los expertos calificaron el juicio a Bolsonaro de “histórico” y destacaron que es la primera vez que altos funcionarios acusados de un intento de golpe de Estado son sometidos a un juicio penal.Una dictadura militar gobernó Brasil durante más de dos décadas, entre 1964 y 1985, una época por la que Bolsonaro ha expresado nostalgia.
El gobierno aprobó una amplia Ley de Amnistía en 1979 y Brasil nunca procesó a ninguno de los militares responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos de esa época.
El pasado violento de Brasil aún no ha sido plenamente analizado , pero este juicio marca un alejamiento histórico de la impunidad, afirmó Lucas Figueiredo, autor de varios libros sobre la dictadura más reciente del país.
“La historia dirá si tiene un éxito del 100%, pero lo que estamos viendo hoy es un movimiento que rompe con una tradición de golpes militares”, dijo
