El gobierno de Columbia Británica decidió poner fin a su programa piloto de despenalización de drogas, una iniciativa que había sido presentada como un giro histórico en la lucha contra la crisis de sobredosis en Canadá. La medida marca un reconocimiento implícito de que la estrategia no dio los resultados esperados y reabre el debate sobre cómo enfrentar una emergencia de salud pública que sigue cobrando miles de vidas.
El programa, que permitía la posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas para consumo personal sin consecuencias penales, buscaba reducir el estigma, fomentar el acceso a tratamiento y disminuir muertes por sobredosis. Sin embargo, en la práctica, la percepción pública fue distinta: aumento del consumo en espacios públicos, mayor presión sobre los servicios sociales y una sensación de pérdida de control en comunidades ya golpeadas por la inseguridad.
Autoridades provinciales admitieron que, aunque la intención era sanitaria, la implementación fue caótica y la comunicación deficiente. Municipios, fuerzas de seguridad y vecinos denunciaron falta de coordinación, ausencia de recursos y un enfoque excesivamente ideológico que no consideró la realidad de las calles.
Para muchos críticos, el problema no fue la despenalización en sí, sino haberla aplicado sin una red sólida de tratamiento, rehabilitación y salud mental. Sin centros suficientes, sin camas, sin personal y sin seguimiento, la política quedó coja. Despenalizar sin invertir de forma masiva en atención es, dicen, dejar a las personas a la deriva.
Organizaciones comunitarias advierten ahora del riesgo de que el péndulo se vaya al extremo opuesto: volver a un enfoque punitivo que criminaliza la adicción y empuja a los usuarios nuevamente a la clandestinidad, con consecuencias mortales. “Fracasar en una política no justifica retroceder a otra que también ha fracasado”, señalan activistas.
El fin del programa deja a Columbia Británica en una encrucijada. La crisis de opioides y drogas sintéticas no desaparece con decretos, y los números de muertes siguen siendo alarmantes. Lo que queda claro es que no hay soluciones simples: ni la mano dura ni la desregulación sin soporte han funcionado.
Este cierre debería ser una oportunidad para replantear seriamente la política de drogas, con menos ideología y más evidencia, más recursos y más responsabilidad. Porque cada experimento fallido no es solo un error de política pública: es una vida más en riesgo.
