
BOGOTÁ, 1 sep – El Gobierno de Colombia presentó el lunes al Congreso un proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos (6.540 millones de dólares) en 2026 para financiar el presupuesto del próximo año y apuntalar las deterioradas finanzas del país.
La ambiciosa propuesta enfrenta una batalla cuesta arriba en el Congreso, donde la administración del presidente Gustavo Petro tiene un apoyo limitado, particularmente con las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan el próximo año.
«Estamos estructurando una propuesta que garantice no solo el financiamiento para 2026, sino la estabilidad macroeconómica de mediano plazo», dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y agregó que las medidas «serán útiles para el próximo gobierno».
El plan busca recaudar 28,2 billones de pesos adicionales en 2027, cifra que aumentará anualmente hasta 37 billones de pesos en 2030.
El proyecto de ley propone una amplia gama de nuevos gravámenes, incluido un impuesto al valor agregado (IVA) más alto sobre los derivados del petróleo y un nuevo impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón.
También pretende aumentar los impuestos al tabaco, al alcohol, a las apuestas online, a los dividendos y a las personas con altos ingresos y patrimonio.En un cambio significativo, la reforma también impondría impuestos a las iglesias, que actualmente están exentas, y agregaría un recargo al sector financiero.
El gobierno también espera recaudar 3,5 billones de pesos el próximo año a través de una mejor recaudación y procesamiento de impuestos por parte de su agencia tributaria DIAN.
Los analistas se muestran escépticos ante las perspectivas del proyecto de ley. «Veo pocas posibilidades de que se apruebe, ya que, si bien se propone una reforma fiscal, no vemos ninguna propuesta para una mejor gestión del gasto público», afirmó Jackeline Pirajan, economista jefe de Scotiabank en Colombia.
La propuesta surge después de que el gobierno suspendiera la regla fiscal del país en junio ante la caída de los ingresos. La suspensión obligó al Ministerio de Hacienda a elevar su objetivo de déficit fiscal para 2025 al 7,1 % del PIB, desde el 5,1 % anterior. El objetivo de déficit para 2026 se ha fijado en el 6,2 %.
En respuesta, tanto S&P como Moody’s rebajaron la calificación de la deuda de Colombia .
El presidente Petro advirtió en julio que si el Congreso no aprueba la reforma, el gobierno financiará su presupuesto con más deuda.
La semana pasada, el Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF), un organismo independiente de Colombia, afirmó que se necesita un ajuste presupuestario de 45 billones de pesos (mucho mayor que la propuesta del gobierno) para cumplir con el objetivo de déficit de 2026.