El gobierno de Canadá lanzó oficialmente un programa de compensación destinado a propietarios legales de armas de fuego de asalto prohibidas, como parte de su estrategia para reducir la violencia armada y reforzar la seguridad pública en todo el país. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas adoptadas en los últimos años para restringir el acceso a armas consideradas de alto riesgo.
El programa permitirá a los propietarios entregar voluntariamente sus armas prohibidas a cambio de una compensación económica, cuyo monto variará según el tipo, modelo y estado del arma. Las autoridades señalaron que el objetivo es retirar de circulación miles de armas que ya no pueden ser utilizadas, vendidas ni transferidas legalmente.
“El propósito de este programa es claro: sacar las armas de asalto de nuestras comunidades y hacer que Canadá sea un lugar más seguro”, afirmó el ministro de Seguridad Pública, quien subrayó que estas armas no tienen cabida en la vida civil. El gobierno sostiene que las armas de asalto están diseñadas para uso militar y representan un riesgo elevado cuando permanecen en entornos urbanos.
La prohibición de estas armas fue anunciada inicialmente tras una serie de tiroteos masivos que sacudieron al país y reavivaron el debate nacional sobre el control de armas. Desde entonces, el gobierno ha trabajado en el diseño de un mecanismo de compensación que respete los derechos de los propietarios legales, al tiempo que priorice la seguridad colectiva.
El programa se implementará de forma gradual y contará con la participación de fuerzas policiales y agencias federales, que se encargarán de la recolección, verificación y destrucción segura de las armas entregadas. Las autoridades también indicaron que se brindará información clara y asistencia a los propietarios para facilitar el proceso.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de controversia. Grupos defensores de los derechos de los propietarios de armas han criticado el programa, calificándolo de costoso e innecesario, y argumentan que penaliza a ciudadanos que cumplen la ley. En contraste, organizaciones de prevención de la violencia armada han celebrado la iniciativa como un paso decisivo para reducir el riesgo de tragedias.
Expertos en seguridad pública señalan que, aunque el impacto del programa dependerá de su nivel de participación, la retirada de los refles de asalto puede contribuir a disminuir la letalidad de incidentes violentos. También destacan que el éxito del plan estará ligado a su ejecución eficiente y a la confianza del público.
Con este programa de compensación, Canadá reafirma su enfoque restrictivo en materia de control de armas, diferenciándose de otros países y apostando por políticas que priorizan la prevención y la seguridad ciudadana.
