
PETERBOROUGH, Ontario. – La comunidad educativa de Ontario se ha visto sacudida por la declaración de culpabilidad de una exprofesora de octavo grado en un caso de delitos sexuales que involucra a varios estudiantes menores de edad. Kelly-Anne Jennings , de 41 años, se declaró culpable de una serie de cargos graves, incluyendo solicitación de menores (luring) , producción y distribución de pornografía infantil , ante un tribunal de Peterborough, Ontario.
Jennings, quien era docente en una escuela católica de Port Hope, fue inicialmente acusada en agosto de 2024. Las primeras denuncias surgieron cuando un estudiante masculino reveló a su madre un contacto físico inapropiado con la profesora durante una excursión escolar. La investigación subsiguiente reveló un patrón de conducta mucho más oscuro.
La Fiscalía detalló que Jennings utilizó la aplicación de redes sociales Snapchat para enviar y solicitar imágenes de desnudos a sus exalumnos, aprovechando la confianza y la posición de autoridad que tenía en el aula de octavo grado. Las víctimas identificadas son adolescentes, varones, que habían estado bajo su tutela.
Cargos Graves y Recomendación de Sentencia
Aunque Jennings inicialmente enfrentó una veintena de cargos, su declaración de culpabilidad se consolidó en seis cargos principales , derivados de incidentes que se extendieron a lo largo de 2023. Los crímenes se categorizan como algunos de los más graves dentro del código penal canadiense, dada la explotación de la vulnerabilidad de las víctimas.
Durante la audiencia, la Corona recomendó una pena de cuatro años de prisión para Jennings, quien en el momento de su arresto fue suspendida de su cargo. Se espera que la sentencia final sea dictada tras la presentación de las declaraciones de impacto de las víctimas. Los nombres de los estudiantes y el nombre de la escuela permanecen bajo una orden de prohibición de publicación.
El caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de vigilancia en las escuelas y la formación de los maestros para identificar y manejar las dinámicas de poder inapropiadas con los estudiantes. Representantes de la policía y de las juntas escolares han instalado a las familias ya los estudiantes a seguir denunciando cualquier comportamiento sospechoso o inapropiado, enfatizando la importancia de los padres en este tipo de situaciones.
El veredicto, aunque doloroso para la comunidad, marca un paso hacia la justicia para los jóvenes afectados por la grave violación de confianza de quien debía ser su guía y protector.






